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POR: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
Grosero espectáculo estamos presenciando los colombianos, con la elección de Magistrado para una vacante en la Corte Constitucional; por un lado, grupos políticos tradicionales reclaman y ponen a sus Senadores ante la imperiosa necesidad no desatender esa causa, donde se está jugando el futuro de la democracia; por el otro el Presidente actúa, con sus aliados y la coalición de Gobierno para cooptar esa plaza, apoyando a quien considera afín a sus toldas. Nos preguntamos ¿y la independencia judicial que?
Lo que se está evidenciando, es un vicio en el sistema, quedó malo el diseño para la elección de Magistrados en la Constitución del 91. Se quiso romper con la tradición de las demás cortes de cierre, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, quienes llenan sus vacantes por cooptación, de candidatos enlistados por el Consejo Superior de la Judicatura y en cambio, que los Magistrados de la Constitucional fueran elegidos por el Senado, de ternas conformadas por el Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
Se consideró que ese contacto con la política era indispensable, precisamente para que la Corte Constitucional sea una caja de resonancia de la representación política del Senado y no se anquilose el pensamiento, abriéndose a las nuevas concepciones que reclama la sociedad para los desarrollos legislativos. Al fin de cuentas, la Corte Constitucional es la juez del Congreso y del Presidente cuando lo reemplaza en las emergencias constitucionales. En teoría esto suena muy bien.
El vicio, lo que no se decantó, es que cada Presidente con sus ternas pretenden tener amigos en la Corte, que lo traten bien a la hora de esgrimir la vara de exequibilidad, con leyes de iniciativa gubernamental. Pero luego, han querido incidir en la formación de las ternas que elaboran las altas cortes, para lo que se utiliza la presión que las cabezas de ciertos órganos de control pueden ejercer en aquellas, recomendando amigos, que a veces se atienden por los Magistrados, que deben favores a dichos órganos, generalmente burocráticos.
Sin duda esto ha distorsionado al sistema electoral para la Corte Constitucional y llama a gritos una reforma. Lo ideal es que quien llega a una magistratura, actúe de forma independiente; sin otro miramiento que el de defender la Constitución y el Estado Social de Derecho. El actual sistema de elección, pone en el filo de la navaja, el principio de la independencia judicial de los Magistrados de la Corte Constitucional, al menos para el observador desprevenido de la opinión pública y los lideres políticos y el Presidente de la República, le hacen “flaco favor” a la misma.
La independencia de los organismos judiciales es imprescindible para el cabal funcionamiento democrático. Hay que propender porque el sistema de integración de las cortes no lo ponga en riesgo. Es deber del jefe de estado velar por esta garantía constitucional y ciudadana, y no el transgredirla.
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