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POR: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
Tremendo barullo se armó con ocasión de la visita de los alcaldes de Medellín y Cali a la ciudad de Washington; el de Cartagena se bajó del viaje, al parecer por falta de visa. Desde la Casa de Nariño, además de mostrar una gran molestia, se advirtió que no tenían permiso para viajar y que pretendían usurpar funciones presidenciales. Ni lo uno ni lo otro.
Los alcaldes en comisión de servicios al exterior, deben pedir permiso a los Concejos Municipales para que los autoricen a viajar al exterior; si estos no están sesionando, se pide la autorización al gobernador; no corresponde al Presidente de la República autorizar estas comisiones a los Alcaldes; el tiene esta competencia frente altos funcionarios de la administración central.
En cuanto a que usurpan funciones del jefe de estado, eso depende de para que han viajado y cual sea su agenda en el país extranjero. En principio le corresponde al presidente dirigir las relaciones internacionales y comandar las fuerzas militares y todo indica que los alcaldes no pretender desbancarlo; pareciera que son líderes regionales, preocupados por la seguridad de sus regiones y temerosos por las consecuencias de una eventual descertificación para Colombia por parte de las autoridades norteamericanas.
Por lo que se ha dicho en los medios, los alcaldes han logrado algunas reuniones con congresistas amigos de la oposición, pero ninguna con personal de la Secretaria de Estado o Secretaria de Justicia, que son los entes encargados de la certificación. Han dicho que lo que pretenden, es que en caso de una descertificación no le quiten apoyo a la policía y al ejército, pues se aumentaría la inseguridad en sus regiones.
Hasta acá, no vemos como pueda decirse que están usurpando funciones gubernamentales; más bien, como dice el Ministro del Interior, lo que están haciendo, es buscando un efecto político con su visita. Habrá que esperar el informe que presenten sobre la comisión de servicios realizada en el exterior, para que analicemos si desbordaron sus funciones como alcaldes, usurpando las presidenciales, o si simplemente se trató de otro tipo de gestión, que puede o no servirle a las regiones.
Pero no son solo los alcaldes los preocupados; pareciera que al fin el gobierno central se preocupa por una eventual descertificación. Si Colombia es descertificada dejaría de percibir recursos económicos, incluso hasta el 50% de la asistencia que recibe de los Estados Unidos y no contaría con el apoyo de ese país para obtener créditos internacionales en el Fondo Monetario Internacional.
Por ello, en el gobierno se han puesto ahora en la tarea de reanudar la fumigación de los cultivos ilícitos; volver a las aspersiones, en principio anunciadas para sancionar a las poblaciones civiles que, presionadas por las estructuras delincuenciales, se han dado a la tarea de retener ilícitamente a grupos de militares y muy seguramente para intentar detener la descertificación, lo que parece imposible con más de trescientas mil hectáreas sembradas de coca. Reacción tardía, pues el tiempo no les va a alcanzar y las consecuencias de la descertificación serán funestas para todos.
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