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POR: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
Desde los inicios de nuestra república, el tema territorial ha estado en el centro de las grandes discusiones políticas, sin que hasta el momento podamos decir que hemos encontrado la fórmula ideal para colmar los anhelos regionales. Por el contrario, en este momento tenemos el tema completamente caldeado.
Por un lado, comienza la discusión en la Comisión Primera del Senado del proyecto de referendo de autonomía fiscal para las regiones. Una iniciativa popular que superó su primer paso luego de la recolección de firmas y el reconocimiento por parte de la Registraduría Nacional. De ser aprobado en el Congreso y con el aval de la Corte Constitucional, sobre su conformidad con la Constitución, deberá ser sometido a consideración de los ciudadanos en las urnas. Toda una tarea pendiente de realizar.
Tema central de este propósito es que el pueblo decida una reforma al artículo 298 de la Constitución, que permita trasladar a los departamentos y al distrito capital la competencia exclusiva para gravar y recaudar los impuestos sobre la renta y el patrimonio, que, hasta ahora, corresponden a la Nación. El gobierno central no es partidario de esta vía.
Por otro lado, el año pasado concluyó en la plenaria de la Cámara de Representantes, el octavo debate del Acto Legislativo que reforma los artículos 356 y siguientes de la Constitución Nacional. Quedó aprobado el aumento gradual y considerable en el sistema general de participaciones para los entes territoriales.
La Constitución de 1991 fue bastante ambiciosa y contempló que para el año 2002 el traslado debería corresponder al 22% para los ICN y para los municipios el 26.5%, y para el año 2003 se llegaría hasta el 48.%% de traslado de recursos obtenidos por la Nación a los entes territoriales para atender las competencias-gastos en educación, salud, servicios públicos y saneamiento básico. Por supuesto, no se cumplió y es lo que ahora se retoma y pretende hacerse con la reforma constitucional.
La diferencia, estriba en que en esta se conservan los recaudos de impuestos de renta y patrimonio en la nación, pero debe aumentar el porcentaje de transferencias a las regiones, como lo dispuso inicialmente la Constitución. Se trata de una iniciativa apoyada por el gobierno y que encuentra partidarios a granel.; para muchos siempre serán bien recibidas todas las reformas que tiendan a aumentar la autonomía regional que se ve diezmada por el excesivo centralismo que arroja nuestro actual sistema de gobernanza y el despilfarro cada vez mayor de los ingresos nacionales.
Se trata de dos vías distintas, pero que buscan un común propósito, el fortalecimiento de las autonomías regionales; que supone necesariamente un trámite adicional, el de las transferencias a las regiones, de servicios básicos que ahora están a cargo de la Nación.
El momento no es el mejor para las discusión de estos temas trascendentales de autonomía regional; el lamentable episodio del magnicidio del Senador Uribe Turbay, ha puesto en la palestra política la necesidad de otras discusiones más relevantes, como la necesidad de replantear la política de “paz total” del gobierno. Definitivamente, con las mafias no pueden adelantarse políticas de paz, sino de sometimiento, so pena que el país siga al garete en materia de seguridad.
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