
Los hechos ocurrieron en 2023 y se relacionan con la suscripción de un contrato que habría infringido la Ley de Garantías. Ya son 43 los exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero imputados.
Siguen avanzando procesos judiciales contra exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero en Medellín que están involucrados en presuntos casos de corrupción. El turno más reciente fue para dos personas que hicieron parte de la Secretaría de Movilidad.
Se trata de Estefanya Cuervo Sánchez, exsubsecretaria legal y Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de esta dependencia quienes están siendo procesados por supuestas irregularidades en la suscripción de un contrato de 16.123 millones de pesos para la recuperación e intervención del transporte público en varias cuencas de Medellín durante 2023.
Durante la audiencia de imputación de cargos el fiscal del caso destacó que dichos contrato fue celebrado horas antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías Electorales, que prohíbe este tipo de convenios cuatro meses antes de elecciones territoriales, se tramitó sin estudios previos completos, utilizó una modalidad de contratación directa e incluyó obras civiles que no eran competencia de la Secretaría de Movilidad, sino de la Secretaría de Infraestructura.
«De acuerdo a estos hechos, a Estefanya Cuervo Sánchez, la Fiscalía, entonces, le imputa usted el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, resultante responsable bajo el bebo retortramitá en calidad de coautor. En cuanto a Juan Carlos Torres Ojeda, se le imputa en calidad de autor material del delito de falsedad ideológica en documento público», dijo el fiscal.
En el caso de Torres Ojeda la Fiscalía ha asegurado tener las suficientes pruebas para afirmar que expidió un oficio certificando un acta de comité de contratación con asistencia de funcionarios que, en realidad, no participaron en la reunión. Lo anterior, para darle apariencia de legalidad al contrato.
Para el ente acusador, las decisiones fueron conscientes y coordinadas, con división de roles, para asegurar la adjudicación a Metroplús S.A., que posteriormente subcontrató la totalidad de los recursos.
A la audiencia también estaba citado Mauricio Alonso Zuleta Estrada, exsubsecretario Técnico de la Secretaría, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, pero su abogado pidió aplazamiento de su imputación.