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Son cuatro exdirectivos de Metroparques, el Inder y el Área Metropolitana que habrían direccionado millonarios recursos. Procuraduría advirtió posibles irregularidades en otros procesos.
Luego de que a mediados de mayo de 2024 la Procuraduría anunciara la apertura de investigación por presuntas irregularidades en celebración de contratos entre Metroparques, el Inder y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se empiezan a conocer las primeras decisiones en relación con hechos ocurridos durante la alcaldía de Daniel Quintero.
Y es que tras el análisis de documentos y argumentos presentados por los implicados, el ente de control ya decidió formular pliego de cargos contra cuatro de los seis exfuncionarios del conglomerado sobre los que abrió indagación: Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector de gestión administrativa y financiera del Área Metropolitana; la exdirectora general del Inder, Diana Paola Toro Zuleta; y los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda.
Las posibles irregularidades administrativas en las que pudieron incurrir fueron en su momento denunciadas por parte de la veeduría ciudadana Todos por Medellín advirtiendo una posible ‘cartelización’ en contratos suscritos entre las mismas entidades y donde están implicados contratistas que finalmente terminaron ejecutando los recursos, pero bajo la modalidad de invitación privada cuando al parecer debió ser bajo licitación pública, y en algunos casos sin acreditar la experiencia necesaria.
Los contratos están relacionados con labores de mantenimiento del Parque de las Aguas y el desarrollo de eventos recreativos y deportivos por parte del Inder con recursos del Presupuesto Participativo. Piedad Restrepo, vocera de Todos por Medellín destacó que otras de las decisiones relevantes adoptadas por la Procuraduría tiene que ver con el estudio de al menos otros 12 contratos entre Metroparques y otras dependencias del distrito que también podrían tener irregularidades.
«En esta investigación solo se centró en la contratación entre el Inder, el Área Metropolitana y Metroparques. No obstante, advierte que muchos de los procesos de los contratos entre la Alcaldía de Medellín y sus secretarías con Metroparques no entraron acá y que posiblemente puede haber irregularidades en ellos», declaró Restrepo.
Con la formulación de cargos que en todos los cuatro casos fue catalogada a título de culpa gravísima avanza el proceso disciplinario para definir si los implicados actuaron conforme a la ley.
Hay que recordar que la Procuraduría ya sancionó e inhabilitó por nueve años a Jorge Enrique Liévano por ampliar, sin justificación alguna, un contrato con el Jardín Botánico que tenía como objeto la conservación de jardines en Medellín. La misma decisión cobijó a la entonces secretaria Infraestructura del distrito, Natalia Urrego.
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