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El documento ya plantea varios interrogantes clave que marcarán el debate en la próxima legislatura.
El Gobierno nacional alista la radicación del proyecto definitivo de paz total, que abriría la puerta a beneficios judiciales para integrantes de organizaciones criminales. Aunque el texto oficial se conocería este viernes, un borrador de 14 páginas que incluye puntos altamente controvertidos, entre ellos, la posibilidad de libertad condicional para capos y mandos medios de estructuras armadas ilegales.
El Ministerio de Justicia trabaja en afinar la redacción final, pero el documento ya plantea varios interrogantes clave que marcarán el debate en la próxima legislatura:
¿A quiénes estaría dirigido este proyecto?
El proyecto cobijaría a grupos armados organizados al margen de la ley que, en el marco de negociaciones, suscriban un acuerdo de tránsito a la vida civil. Esto incluye tanto a estructuras como Los Costeños, como a bandas involucradas en hechos recientes de violencia urbana, como el llamado “tarimazo” ocurrido en Medellín.
¿Qué tipo de beneficios se proponen?
Para los máximos cabecillas, el borrador contempla penas entre 5 y 8 años de prisión, tras las cuales podrían salir en libertad condicional. Los mandos medios cumplirían penas de 2 a 5 años, aunque no se precisa aún el tratamiento que recibirían los mandos bajos o integrantes rasos.
¿Cuándo perderían estos beneficios?
El texto establece que quienes reincidan en las armas o cometan delitos dolosos posteriores perderían automáticamente el beneficio. Además, el acceso a esta figura jurídica estaría condicionado a una colaboración efectiva con la justicia.
¿Qué implica esa “colaboración eficaz”?
La colaboración podrá incluir acciones tanto judiciales como extrajudiciales: desde la búsqueda de personas desaparecidas, hasta el esclarecimiento de la verdad y aportes a la reparación de víctimas. Esta colaboración será evaluada por la Fiscalía General de la Nación y el juez encargado del caso.
¿Cómo se articulará todo el proceso?
El documento revela que será el Alto Comisionado para la Paz quien deberá entregar un listado oficial de miembros de estructuras criminales a la Fiscalía. Esta, a su vez, estudiará caso por caso, buscando aplicar sentencias anticipadas colectivas, que deberán ser validadas por tribunales de justicia.
¿Podrán volver a la vida política?
Sí. El artículo 10 del borrador indica que, una vez cumplida la pena alternativa, los beneficiarios podrán ejercer derechos políticos, participar en organizaciones civiles y en la vida económica, administrativa, social y cultural, salvo en las restricciones expresamente indicadas en la Constitución.
El proyecto, que ha generado fuertes reacciones desde distintos sectores políticos y judiciales, sería presentado oficialmente ante el Congreso en los próximos días. Desde ya, el debate promete ser uno de los más álgidos de esta legislatura.
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