USO giró $1.033 millones para campaña de Gustavo Petro

USO giró $1.033 millones para campaña de Gustavo Petro
La Unión Sindical Obrera, agremiación de los trabajadores de la firma estatal Ecopetrol, había señalado en una primera versión que el aporte a la aspiración del hoy presidente de la República había sido de $600 millones.

Se conocieron, el jueves 21 de marzo de 2024, nuevos detalles de la donación de la Unión Sindical Obrera (USO), la agremiación de trabajadores de la estatal Ecopetrol, a la campaña del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que lo llevó a la Casa de Nariño para el periodo 2022-2026. La revelación causó una fuerte controversia en las redes sociales, comparable al caso de la Federación de Educadores de Colombia (Fecode).

El diario El Tiempo reveló información según la cual, la organización giró $1.033.140.000 a las finanzas de la campaña, que fueron reportados en el informe de tesorería que fue firmado por el tesorero de la USO, Óscar Sánchez Pinto, y en el que se evidencian otros gastos del sindicato, en un balance de $12.869.000.000; en el que se incluye, además, un ítem denominado Gastos proceso electoral USO. Pero que es un monto distinto al aprobado en la asamblea efectuada en 2022.

Estos datos contrastan con los que indicó al citado medio César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera, que habló, inicialmente, del aporte de $600 millones a la aspiración del jefe de Estado, pero que no se entregó directamente a la campaña.

Fue para hacer reuniones que motivaran la votación a una campaña, para movilizar a trabajadores y a sus familiares y para hacer pendones y pancartas″, indicó el directivo al medio que reveló esta nueva cifra. Y, del mismo modo, dejó en claro que si habrían existido aportes adicionales, el responsable de referirse a ellos era Sánchez, en su condición de custodio de las arcas de la USO.
La defensa del tesorero de la Unión Sindical Obrera

Todos los recursos que se aprobaron fueron manejados por el sindicato a través de las diferentes subdirecciones del país. En segunda vuelta se aprobaron 600 millones de pesos de apoyo a la campaña para publicidad y otros eventos, que tal como se ha explicado anteriormente, se manejaron en actividades internas del sindicato. No se le entregó a nadie de la campaña”, señaló en su defensa Sánchez a la referida fuente.

Y agregó que los más de $400 millones que no fueron explicados en un primer momento corresponden, de acuerdo a su versión, al apoyo a primera vuelta y a las consultas previas. “Estamos verificando a qué candidato se apoyó. Pero no se entregó plata a ninguna campaña ni a ningún político”, reafirmó al medio en mención, con lo que trató de desmarcarse de la polémica que generó este asunto.

En cuanto a lo que sería su relación con Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y que durante la aspiración a la presidencia fue gerente de la campaña, se dio cuando el ejecutivo llegó a la entidad y no antes; lo que hubiera significado un conflicto de intereses. Al punto que insistió en que no tenía la información acerca de cuáles fueron los participantes en los comicios de 2022 a los que se respaldó.

Es válido precisar que uno de los integrantes más reconocidos de esta agremiación era el hoy viceministro del Trabajo, Edwin Palma, que en la actualidad aspira a ingresar a la junta directiva de Ecopetrol, que afirmó a El Tiempo que desde el 29 de octubre de 2021, antes de las elecciones al Congreso (13 de marzo de 2022) y la presidencia (29 de mayo y 19 de junio), no hace parte del sindicato.

Eso sí, explicó que este tipo de donaciones por parte de la USO son normales, y se hacen no solo para las campañas políticas, sino para la defensa de lo que consideran causas que los representan, como sucedió con el plebiscito para la paz, jornada que se llevó a cabo el 2 de octubre de 2016 y buscaba refrendar en las urnas el acuerdo firmado entre el Estado y la extinta guerrilla de las Farc.

Es oportuno decir que las donaciones por parte de entidades y organizaciones deben estar enmarcadas en los artículos 14 de la Ley 130 de 1994 y 16 de la Ley 1475 de 2011, que reglamentan la financiación de las campañas políticas; y en la que se define que no se podrá hacer, de forma directa, sobre un candidato en particular, sino al partido que le entregó el aval.

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