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A raíz de que una supervisora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá está siendo judicializada, la entidad pedirá que se le declare como víctima en caso de seis contratos por $18.000 millones.
Así como ha ocurrido con otros casos de hallazgos de presunta corrupción durante la administración de Daniel Quintero Calle, el Área Metropolita del Valle de Aburrá (AMVA) solicitará ser reconocida como víctima en el proceso que adelanta la justicia por seis contratos que se suscribieron, designados a dedo, entre esa entidad y el cuerpo de bomberos de Itagüí, por 18.000 millones de pesos.
Así lo confirmó la directora actual, Paula Palacio, quien detalló que es el AMVA el que maneja los recursos públicos, los cuales esperan recuperar tras este proceso judicial contra tres personas, una de ellas María Yaneth Rúa García, supervisora que lleva más de 12 años laborando allí en calidad de provisional. A su vez, pidió que se aclare cuántas son en total las actuaciones de presunta corrupción durante la administración anterior que comprometieron a la entidad, lo que incluye que sea investigado el anterior director, Juan David Palacio, como ya lo había pedido el alcalde Federico Gutiérrez.
«Seis contratos que se suscribieron durante la administración del alcalde Daniel Quintero, quien también era presidente de la Junta del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, quienes hacen parte también de todas las decisiones que tomaba la entidad en su momento», precisó.
Palacio calificó como “muy probable” que haya otro personajes, que aún no están siendo investigados formalmente, quienes estarían también detrás del direccionamiento de estos contratos, asignados de manera directa, luego de que el fiscal del caso mencionara en la audiencia que el denunciante atribuyó esto al hermano del exalcalde, Miguel Quintero, así como de la estructura interna de la entidad a Álvaro Villada (exsubdirector).
«Con plena seguridad, no actuaron solos, pero será la justicia quien se encargará de decir quiénes son los implicados, quiénes, más allá de la administración anterior del área metropolitana, también estuvieron manejando hilos de poder y de corrupción en esta entidad. Esperamos, de verdad, que con todo el rigor se pueda dar el peso de la ley sobre estas personas», expuso la directora.
Frente al estatus de la supervisora judicializada, nombrada en el año 2012 por el entonces director Carlos Mario Montoya (imputado hoy en día por el caso de Aguas Vivas), la directora confirmó que tras las audiencias que se adelantan este miércoles, la misma sería suspendida del cargo. También se adelanta la revisión de otros contratos, para verificar si hay más irregularidades.
Por lo pronto, la entidad reiteró que en su proceso de empalme evidenció por lo menos 13 presuntas irregularidades que puso en conocimiento de los entes de control y que comprometen alrededor de 200.000 millones de pesos.
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