
POR: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
El gobierno anterior se empeñó en crear una jurisdicción agraria, como parte de lo que serían sus políticas públicas para el campo colombiano; partiendo de unas premisas equivocadas, como la de que el sector carece de jueces especializados para poder atender los conflictos agrarios, que son el fundamento de los conflictos del campesinado colombiano. Nada más equivocado.
Claro que en la mayoría de los municipios del país hay actualmente un juez civil o uno promiscuo, que conoce de los temas agrarios y que son completamente idóneos, para dirimir los conflictos que surgen con ocasión de la tierra; que por demás, no requieren mayor destreza que haber cursado la materia de bienes en la facultad de derecho donde se graduaron.
Las razones para crear una jurisdicción agraria al latere de la jurisdicción ordinaria, son más bien otras, bastante ideologizadas. La Jurisdicción Agraria y Rural fue concebida bajo el pretexto de que se trataba de garantizar que los conflictos sobre la tierra sean resueltos de manera especializada, eficiente y con seguridad jurídica; sin embargo, la realidad es que se trata del punto uno de los Acuerdos de Paz con las FARC.
Así las cosas se pretendía crear una jurisdicción agraria independiente de la ordinaria, incluso en lo tocante a órgano de cierre, que sería distinto a la Corte Suprema de Justicia. Para tratar de buscar consensos, se llegó al acuerdo de que el órgano de cierre fuera la Corte Suprema. Así se avanzó y por el Acto Legislativo 03 de 2023 se creó dicha jurisdicción y se expidió el año pasado la Ley 2570, que establece la estructura básica y las reglas para la selección de jueces y magistrados con formación especializada en este tema.
El anterior gobierno radicó este proyecto en 2024, pero se hundió porque varios de sus artículos generaron polémica. Insistió en presentarlo al Congreso con el Pacto Histórico al cierre del mandato, sin embargo, no ha tenido trámite en la Comisión Primera de la Cámara.
En debate reciente el pasado mes de octubre en la plenaria del Senado, el Ministro de Agricultura, señaló que el Gobierno presentará un nuevo proyecto que fija el procedimiento especial y define las competencias en la Jurisdicción Agraria y Rural, que es lo único que le falta para entrar en vigor.
Con todo respeto esa jurisdicción agraria no es necesaria; los conflictos de tierras vienen siendo atendidos por los jueces de restitución de tierras unos y otros por la jurisdicción ordinaria. Crear más jurisdicciones, es aumentar el costo de la estructura del estado sin necesidad. En momentos como el que vive el país, de dificultades fiscales y la necesidad de hacer de recortes a lo que nos cuesta la cuenta del Estado, lo más sensato sería no implementar la tal jurisdicción agraria, que no se necesita.
Lo mejor que puede pasar con el proyecto que se encuentra, entendemos, en la Cámara de Representantes impulsado por la bancada del Pacto Histórico, es su hundimiento, por el bien del presupuesto nacional, carente de recursos para atender un embeleco innecesario.








