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La diligencia fue ordenada por la magistrada Cristina Lombana ante sospechas de trabas en la investigación.
En medio de un proceso de alto impacto político, la justicia pone la lupa sobre el funcionamiento de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Este organismo es el encargado de investigar a altos funcionarios del Estado, incluido el presidente de la República.
Corte Suprema realiza inspección sorpresa a la Comisión de Acusaciones
La Corte Suprema de Justicia adelanta a esta hora una inspección en la Comisión de Acusaciones en relación con el proceso que se sigue contra el presidente Gustavo Petro.
La actuación fue ordenada por la magistrada Cristina Lombana, quien habría identificado posibles señales de obstrucción dentro de la comisión en el marco de la investigación por presunta violación de topes electorales.
Según lo conocido, la inspección busca verificar el manejo del expediente, así como revisar actuaciones y procedimientos adelantados por este órgano legislativo, que tiene a su cargo las investigaciones contra aforados.
Proceso contra Gustavo Petro por violación de topes electorales
El caso tiene su origen el 8 de octubre de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral abrió formalmente una investigación por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.
La denuncia apunta a una supuesta violación de los topes legales por más de $5.300 millones que no habrían sido reportados.
Las alertas no se limitan a una sola etapa electoral. Según los hallazgos, en la primera vuelta presidencial la campaña habría omitido reportar más de $3.700 millones en aportes, incluyendo contribuciones clave que no fueron registradas ante las autoridades.
En la segunda vuelta, las inconsistencias ascenderían a cerca de $1.600 millones, asociados a un contrato con la empresa de aviación SADI, que prestó servicios a la Colombia Humana en la recta final de la contienda.
Estas acusaciones también abrieron interrogantes sobre la legalidad del origen de algunos recursos. En mayo de ese mismo año, los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz presentaron un informe detallando las presuntas inconsistencias financieras detectadas durante ambas vueltas electorales.
Ahora, con la inspección ordenada por la Corte Suprema, el foco no solo está en la financiación de la campaña, sino en el posible freno o interferencia dentro de la Comisión de Acusaciones, entidad encargada de investigar a altos funcionarios, incluido el jefe de Estado.
Por ahora, el procedimiento sigue en curso y se espera que arroje claridad.
