
La propuesta busca reglamentar las corridas de toros durante el periodo de transición de tres años contemplado en la Ley 2385, previo a la entrada en vigor de la prohibición total de la actividad taurina.
El debate alrededor de la tauromaquia en Colombia ha vuelto al centro de la discusión pública tras conocerse el borrador de decreto redactado por el Ministerio de Cultura bajo el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.
La propuesta busca reglamentar las corridas de toros durante el periodo de transición de tres años contemplado en la Ley 2385 (conocida como Ley No más Olé), previo a la entrada en vigor de la prohibición total de la actividad taurina estipulada para el 22 de julio de 2027. Mientras voceros del Congreso denuncian que la norma contraviene decisiones de la Corte Constitucional, representantes del sector taurino defienden que el texto corrige abusos reglamentarios previos y respeta la legislación vigente.
Tensión por los derechos de menores y el bienestar animal
La senadora Esmeralda Hernández, coautora de la Ley 2385, rechazó categóricamente, en diálogo con Mañanas Blu, la iniciativa gubernamental al considerarla un retroceso normativo e institucional. Según la legisladora, el proyecto vulnera los derechos de la infancia al permitir la participación de menores de edad a partir de los 14 años en la cuadrilla y en el espectáculo.
«Yo creo que es un absoluto retroceso es evidente que poner a un niño a torear a un animal siendo menor de edad es una irresponsabilidad enorme que además vulnera los derechos fundamentales de los niños, pero que además legitima o naturaliza la tortura de un animal como un espectáculo», aseveró la senadora Hernández.
La senadora argumentó además que la Ley 2385 exige de forma explícita garantizar altos estándares de bienestar animal sin maltrato durante la transición. En sus palabras: «Abrir la posibilidad a que torturen de nuevo el animal y lo maten en la arena, pues va en contravía tanto de la Corte como de la ley». Asimismo, advirtió que el borrador habilita de forma inconstitucional a cualquier municipio para certificar «tradición» y realizar corridas. Frente a esto, anunció que iniciará acciones de tutela y demandas de nulidad tan pronto el texto sea firmado tras su fase de consulta pública.
La postura del sector taurino: reglamentación y conservación del rito
Desde la perspectiva de la tauromaquia, el matador de toros y abogado Guillermo Peláez Ruiz defendió el borrador de decreto, asegurando que se trata de un ajuste legalmente adecuado que restituye la validez de la Ley 916 de 2004 (Reglamento Taurino Nacional). Según Peláez, normas anteriores pretendían modificar aspectos esenciales del espectáculo sin contar con el rango legal necesario.
«Yo no es que haya sido torero, yo soy torero… es la vida mía. A mí me parece que es una corrección del decreto 703 de 2026 que había dejado el gobierno pasado, corrección que es ajustada a derecho», sostuvo Peláez Ruiz, en Mañanas Blu.
Al defender la inclusión de las suertes tradicionales como la pica, las banderillas y la suerte suprema o de muerte, comparó la modificación del rito taurino con la alteración sustancial de un deporte tradicional: «Esto es un rito milenario de muchísimo tiempo atrás. Quitemosle el balón al partido de fútbol. Entonces, ¿en qué quedamos? Por esa razón es que esas suertes del toreo como son la muerte son parte fundamental del espectáculo». Peláez agregó que la afición se mantiene viva en diversas provincias del país y en ciudades de arraigo como Manizales, a la que calificó como «el Vaticano del Toreo en Colombia», atribuyendo los obstáculos en otros municipios a la presión ejercida por sectores antitaurinos sobre los gobiernos locales.
En cuanto a las plazas de toros públicas, la Ley 2385 determina su transformación obligatoria hacia escenarios culturales, deportivos y artísticos al término de la transición. Hernández citó el caso del municipio de Tesalia (Huila), donde la antigua plaza taurina fue reacondicionada con energía solar y adecuaciones deportivas, e insistió en la necesidad de adecuar plazas principales como la Santamaría de Bogotá para diversificar su uso público permanente.






