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En la diligencia la Fiscalía General de la Nación seguirá exponiendo pruebas y hablando de los cargos de los procesados por presunta corrupción.
Este miércoles se reanudan las audiencias por el polémico caso de Aguas Vivas contra el superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle. En la diligencia la Fiscalía General de la Nación seguirá exponiendo pruebas y hablando de los cargos de los procesados por presunta corrupción
Iniciará en horas de la mañana la audiencia de acusación por el caso de Aguas Vivas en contra del exalcalde de Medellín y ahora superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, y otros exfuncionarios vinculados a este presunto caso de corrupción relacionado con un lote de más de 145.000 metros cuadrados.
La diligencia que hace parte de la etapa previa al juicio contará con la intervención de la Fiscalía General de la Nación que seguirá exponiendo las pruebas contra las personas involucradas en este polémico caso y, además, se referiría a los cargos que se le imputaron al superintendente de Salud y a las demás personas.
Hay que recordar que el exmandatario fue imputado por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos tras, presuntamente, haber valorizado de manera irregular el enorme lote ubicado en el Suroriente de la capital de Antioquia.
Además, se debe mencionar que el proceso se reanuda tan solo unos días después de que Quintero Calle asumiera como superintendente de Salud y con el atenuante de que la defensa del exalcalde pidió que se diera nulidad a la imputación que hizo la Fiscalía General de la Nación.
Durante la más reciente audiencia, la defensa argumentó deficiencias en la imputación de cargos por parte de la fiscal Yarlecy Mena. Según los juristas, la representante del ente acusador no cumplió con el requisito legal de explicar de manera detallada y comprensible los hechos específicos que constituyen los delitos imputados.
Recordemos que el caso del lote de Aguas Vivas comenzó en el año 2019, cuando un grupo de constructores entregó a la Alcaldía de Medellín un terreno de 147.000 metros cuadrados. Esta entrega se hizo sin costo alguno para la ciudad, cumpliendo con las llamadas «obligaciones urbanísticas».
En ese momento, el lote pasó a ser propiedad de todos los ciudadanos de manera gratuita. Sin embargo, durante la administración de Daniel Quintero, el proceso dio un giro sospechoso, ya que según las investigaciones, la Alcaldía intentó que el Distrito le pagara más de $40.500 millones a varios particulares por ese terreno.
Al no lograr este pago directo, la administración optó por devolverle el predio a los particulares, a pesar de que los funcionarios sabían perfectamente que el lote ya era un bien legalmente incorporado al patrimonio de la ciudad.
