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Los cargos son por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos, por un curso de inglés en la Universidad Eafit.
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra de Ingrid Vanessa González, la exsecretaria de Gestión Humana de Medellín, que se desempeñó durante la administración de Daniel Quintero, por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos con respecto a un acto administrativo para realizar un curso de inglés por aproximadamente 5 millones en la Universidad EAFIT.
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra de Ingrid Vanessa González, la exsecretaria de Gestión Humana de Medellín, que se desempeñó durante la administración de Daniel Quintero, por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos con respecto a un acto administrativo para realizar un curso de inglés por aproximadamente 5 millones en la Universidad EAFIT.
El ente del Ministerio Público se encarga de confirmar si la funcionaria aprobó y expidió este acto administrativo, y si el dinero se desembolsó a esta institución de educación superior.
De igual manera, se investiga si la capacitación solicitada y avalada por la exsecretaria González era de utilidad y pertenencia en el uso de su cargo, debido a que es de carácter obligatorio que los estudios solicitados por los funcionarios correspondan con su área de desempeño, siguiendo lo establecido en los estatutos del ente territorial para que sea autorizado a los trabajadores del Distrito.
En ese sentido, la Procuraduría confirma si la exfuncionaria vulneró el principio de moralidad que establece la ley y, por ahora, calificó provisionalmente la falta de la exsecretaria González como gravísima a título de dolo.
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra de Ingrid Vanessa González, la exsecretaria de Gestión Humana de Medellín, que se desempeñó durante la administración de Daniel Quintero, por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos con respecto a un acto administrativo para realizar un curso de inglés por aproximadamente 5 millones en la Universidad EAFIT.
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El ente del Ministerio Público se encarga de confirmar si la funcionaria aprobó y expidió este acto administrativo, y si el dinero se desembolsó a esta institución de educación superior.
De igual manera, se investiga si la capacitación solicitada y avalada por la exsecretaria González era de utilidad y pertenencia en el uso de su cargo, debido a que es de carácter obligatorio que los estudios solicitados por los funcionarios correspondan con su área de desempeño, siguiendo lo establecido en los estatutos del ente territorial para que sea autorizado a los trabajadores del Distrito.
En ese sentido, la Procuraduría confirma si la exfuncionaria vulneró el principio de moralidad que establece la ley y, por ahora, calificó provisionalmente la falta de la exsecretaria González como gravísima a título de dolo.
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