La SIC formula cargos por prácticas anticompetitivas contra Terpel, Chevron, Primax y otros en Nariño

La SIC formula cargos por prácticas anticompetitivas contra Terpel, Chevron, Primax y otros en Nariño

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha anunciado la formulación de cargos contra reconocidas empresas petroleras, incluyendo Terpel, Chevron, Biomax y Primax, así como contra la Asociación de Distribuidores Minoristas de Combustible y Derivados del Petróleo de Nariño (Adiconar) y 46 distribuidores minoristas de combustible. Los cargos surgen por la presunta coordinación y ejecución de prácticas anticompetitivas destinadas a obstaculizar la entrada de nuevos actores al mercado de distribución de combustibles en el departamento de Nariño.

La Superintendente de Industria y Comercio, María del Socorro Pimienta, lidera la acción, presentando un pliego de cargos que establece multas de hasta 100.000 salarios mínimos para cada entidad jurídica involucrada, equivalente a $116.000 millones. Además, las personas naturales vinculadas enfrentarán multas individuales de $2.300 millones. La regulación aplicable para la distribución de combustibles líquidos en zonas de frontera otorga prioridad al primer distribuidor mayorista que construya una planta de abastecimiento en Nariño.

La SIC cuestiona el ejercicio masivo de más de 45 acciones legales por parte de los involucrados, buscando impedir que nuevos distribuidores mayoristas construyeran plantas de abastecimiento en Nariño. Esto incluye acciones ante el Ministerio de Minas y Energía, tutelas, acciones populares y demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La estrategia, según la SIC, fue acordada en reuniones lideradas por Adiconar, con la presunta participación de distribuidores mayoristas y minoristas investigados.

La SIC destaca en su documento que esta estrategia anticompetitiva tuvo éxito al suspender el esquema de abastecimiento definido por la regulación para incentivar la construcción de plantas en Nariño. Esto resultó en perjuicio directo para los consumidores nariñenses, quienes no experimentaron los beneficios esperados como la reducción del riesgo de desabastecimiento y eventualmente, la disminución de los precios de los combustibles líquidos.

La investigación revela que, bajo el supuesto objetivo de evitar la asignación del primer orden de prelación a un distribuidor mayorista específico, se llevaron a cabo acciones judiciales y administrativas de manera masiva e injustificada. La SIC demanda una explicación sobre la necesidad de más de 45 acciones legales con el propósito de obstruir el acceso de nuevos competidores al mercado.

Adicionalmente, se señala que la estrategia coordinada buscaba evitar que cualquier agente obtuviera el primer orden de prelación para la distribución en Nariño, frustrando así la implementación eficiente de la regulación. La Superintendencia de Industria y Comercio concluye que estas prácticas anticompetitivas afectaron directamente a los consumidores, quienes no se beneficiaron de la competencia que debería haber incentivado la construcción de más plantas de abastecimiento en la región.

En un contexto donde la transparencia y competencia son fundamentales para el bienestar económico de una sociedad, la SIC reafirma su compromiso con la erradicación de prácticas que perjudican la libre competencia y afectan a los consumidores. Este caso específico destaca la importancia de la vigilancia constante para garantizar que las empresas actúen dentro de los límites establecidos por la ley y promover así un entorno económico justo y equitativo para todos los ciudadanos.

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