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Una resolución de la Fiscalía, hasta ahora desconocida, desata preocupación entre las autoridades y expertos en seguridad, pues frena el proceso penal contra 11 personas capturadas por actos terroristas en Bogotá. A pocas horas de que estas personas fueran acusadas en audiencia, la fiscal general le reasignó el caso a un grupo recién creado para investigar la protesta social.
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Por lo menos 15 actos terroristas sacudieron a Bogotá entre 2024 y 2025. La ciudadanía y la fuerza pública fueron las principales víctimas de una serie de ataques como en el que queman un bus del SITP o en el que atacan con explosivos a una patrulla con los uniformados en su interior. Por estos hechos fueron capturadas en diciembre de 2025 11 personas que, según las autoridades, hacían parte de un grupo llamado los PPP o Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo. El caso avanzó hasta el pasado 17 de junio, cuando estaba programada la audiencia de acusación. Sin embargo, horas antes de comenzar la diligencia, la fiscal general Luz Adriana Camargo impartió una orden que tiene en veremos el futuro de uno de los casos más importantes contra el terrorismo en Bogotá. Se trata de la resolución 171 del 16 de junio de 2026, la cual en la práctica le quitó el caso a una fiscalía especializada variando la asignación y entregándoselo a dos fiscales del grupo de tareas para investigar la protesta social, que fue creado ese mismo día. Estos fiscales dependen de la Unidad de Justicia Restaurativa, cuya especialidad es evaluar salidas alternas, enfoques restaurativos y mecanismos de terminación anticipada. En la resolución la fiscal general explicó el propósito de su decisión: «La variación de la asignación permite que la actuación sea conocida por fiscales vinculados al grupo de tareas especiales para examinar de manera integral la adecuación típica de las conductas, la individualización de responsabilidades, la proporcionalidad de la intervención penal y la eventual procedencia de mecanismos restaurativos o de terminación anticipada cuando ello resulte jurídicamente viable».
Esta decisión es un reverzaso en la postura de la misma Fiscalía, pues en marzo de este año la fiscal especializada que venía llevando el caso presentó el escrito de acusación por ocho delitos, cuatro de los cuales están relacionados a actos de terrorismo. «En aproximadamente año y medio estas personas han realizado esta actividad delicitiva de manera permanente y continua (…). El delito de concierto para delinquir agravado por tratarse de terrorismo, así también el terrorismo. Igualmente la fabricación, tráfico, deporte de municiones o explosivos, así como el empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos agravado, este último cuando se hace con fines terroristas», señalan desde el ente acusador.
La investigación logró identificar a 11 personas a través de agentes encubiertos, declaraciones de testigos, interceptaciones telefónicas y ubicación de números celulares. Con esas pruebas, dos jueces de Bogotá fueron contundentes al momento de enviar a los detenidos a la cárcel. «El asociarse o concertarse para la comisión de delitos indeterminados en el tiempo, más frente a fines de terrorismo. Digamos, la violencia exacervada que se produce en muchos de esos eventos, la intencionalidad de lamber a un policía, de joderlos, de quererlos quemar, de amenazar con quema de buses por parte de la organización general, son hechos demasiado graves», señaló el juzgado 10 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá.
Incluso, el funcionario judicial fue claro en señalar que estos hechos son actos de terrorismo y no pueden estar amparados por el derecho a la protesta social. «Estos hechos no pueden estar amparados por el ejercicio legítimo de la protesta. Encuentra este despacho que el común denominador en todos los eventos inferidos pues es el ejercicio de acciones violentas, que no es cualquier violencia sino cierta violencia de manera exacerbada que demuestra siempre de manera concreta un desprecio frente a la integridad física del conglomerado común», agregó.
