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Por: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
El Ministro de Salud, como delegatario en funciones presidenciales, ha convocado nuevamente a una consulta, para preguntarle al pueblo por las doce preguntas sobre la reforma laboral que ya fueron objeto de concepto negativo por el Senado de la República y se han agregado cuatro preguntas más sobre la reforma a la salud. Todo parece indicar que esta nueva convocatoria adolece de varias irregularidades. Observemos:
La primera, es que el artículo 104 de la Constitución Nacional le otorga esta atribución al Presidente de la República, no al ministro delegatario, y no pareciera una atribución delegable, aquí estaría la primera falacia; pero tampoco el ministro delegatario, recibió delegación para hacerlo según se observa en los decretos 506 y 528 de 2025 que lo invistieron, lo que configuraría un exceso en el ejercicio de sus funciones. Suponemos que cuenta con la firma de todo los demás Ministros.
En segundo obstáculo lo constituyen las doce preguntas de la reforma laboral, sobre las que ya el Senado dio concepto desfavorable. No tiene ningún sentido repetir el trámite con el mismo Senado y sobre las mismas preguntas; es un asunto ya resuelto y decidido. Aunque no está previsto el punto de si posible repetir un trámite que fue negado, el criterio de razonabilidad se impone.
Seguramente, para lograr un nuevo trámite en el Senado, se agregan las nuevas preguntas sobre la reforma a la salud; estas adolecen de tecnicismos, que les restan claridad y por ende idoneidad, para ser objeto de consulta popular; por ejemplo, como se pretende preguntarle al ciudadano común y corriente, si las EPS deben dejar de ser intermediarias financieras para transformarse en gestoras de salud; no es comprensible esta pregunta y por ello no puede ser objeto del temario de una consulta popular.
Más ingenua es la pregunta de si está de acuerdo “con que el Gobierno Nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes”; por supuesto, que nadie va a decir que no, eso no hay que preguntarlo; el problema es saber por cuenta de quién y como lo va a financiar el Estado.
Ahora, en cuanto a la pregunta ¿”Está de acuerdo en que se garantice a los colombianos un modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con ampliación de los servicios especializados necesarios, de carácter público, privado y mixto”?; parece una pregunta dirigida a especialistas universitarios, pero no es idónea para dirigirla al pueblo que se pretende consultar.
Todo parece indicar, que lo que en realidad se propone el gobierno, no es llevar a buen término sus reformas laboral y de salud, sino utilizar la consulta como una estrategia política, de movilización ciudadana, que le otorga más réditos políticos. Con el intento de la consulta anterior y el “zafarrancho” que se armó, no se puede negar que el gobierno obtuvo importantes dividendos, subió en las encuestas varios puntos. Lo que en verdad se está haciendo, es política electorera.
