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En un giro legal inesperado, el grupo español encargado de la compra del Hospital San Juan de Dios en Bogotá anunció su intención de demandar al Gobierno del presidente Gustavo Petro. La transacción, formalizada a través del decreto 1959 del 15 de noviembre de 2023, pretendía rehabilitar los históricos edificios para crear una entidad de salud única.
Sin embargo, surgen problemas legales derivados de negociaciones previas en administraciones locales anteriores. Petro, como parte de su Plan de Desarrollo, proyecta la creación de un «Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil,» adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social, destinado a una unidad médica bajo un plan de cuidado patrimonial.
Según una investigación de El Tiempo, estas acciones pueden tener consecuencias debido a un contrato anterior suscrito durante la administración de Enrique Peñalosa para construir una megahospital en el mismo lugar.
Petro, en su anterior mandato como alcalde, había adquirido el edificio con fondos públicos, criticando a Peñalosa por intentar demolerlo. El contrato, firmado bajo la operación ‘llave en mano,’ otorgaba a una empresa española la dotación, mantenimiento y operación de una Unidad Médico Hospitalaria y un Centro de Atención Primaria en Salud.
La actual alcaldesa, Claudia López, durante la administración de Peñalosa, seleccionó a la empresa española Copasa para llevar a cabo el proyecto, que incluía planes para demoler el antiguo edificio central. Este plan, sin embargo, fue obstaculizado por el entonces ministro de Cultura, Jorge Zorro, y el actual ministro, Juan Manuel Correa, quienes prohibieron la demolición.
Como respuesta a la compra del Hospital San Juan de Dios por parte del Gobierno Petro, Copasa, la empresa española, ha decidido tomar medidas legales. Según El Tiempo, buscará un tribunal de arbitramento internacional, argumentando posibles pérdidas, daños y perjuicios debido a la no ejecución del contrato original. Se rumorea que la demanda podría ascender a 90 mil millones de pesos.
El documento presentado por Copasa sostiene que la Subred de Servicios de Salud Centro-Oriente incumplió gravemente el contrato, inviabilizando la ejecución del proyecto y violando los principios de buena fe objetiva.
La compleja situación legal se agrava con la prohibición de demoler la estructura histórica por parte de los ministros de Cultura pasados y presentes, quienes buscan preservar un edificio con significado cultural y arquitectónico. Petro, defendiendo la recuperación del edificio, destaca su importancia en la historia de la salud en Colombia.
Este enfrentamiento legal pone de manifiesto los desafíos inherentes a la gestión y rehabilitación de patrimonio histórico, donde intereses gubernamentales, contratos previos y consideraciones culturales se entrelazan en un complicado escenario legal. El desenlace de esta batalla legal determinará el futuro del Hospital San Juan de Dios y su contribución a la historia y la salud en Bogotá.
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