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SEMANA revela detalles de la investigación de la Corte Suprema de Justicia que compromete a más de 30 congresistas en una presunta trama de corrupción mayor a la de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Más de 30 congresistas están en la mira de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por un escándalo de corrupción de mayores proporciones que el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). SEMANA conoció en exclusiva el expediente del Invías, que hasta ahora se mantenía bajo reserva, en el que se pone de presente una investigación para determinar las responsabilidades de representantes a la Cámara y senadores que habrían vendido sus votos a cambio de millonarios contratos en esa entidad. La repartija superaría el billón de pesos si se suma la contratación investigada.
En el expediente, de más de 5.000 folios, que recopila las indagaciones entre el 14 de marzo y el primero de diciembre de 2025, está detallado cada uno de los contratos y reposan evidencias como chats, videos, tablas de asignación de cupos, seguimiento a cada uno de ellos y los nombres de los congresistas que, presuntamente, se habrían beneficiado de la contratación.
La investigación apunta directamente a los congresistas de las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, a cargo de los temas económicos, la aprobación del Presupuesto General de la Nación y los multimillonarios créditos del Gobierno ante la banca internacional.
La Corte Suprema de Justicia busca establecer si desde el Ministerio de Hacienda se habría ordenado la entrega de más de 60 contratos para comprar el respaldo de los congresistas frente a las iniciativas del Gobierno Petro en el Legislativo.
Una de las pruebas más contundentes del expediente tiene que ver con el testimonio y el material aportado por María Alejandra Benavides, asesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, considerada testigo estrella en este caso y en el de la UNGRD. Benavides le ha contado a la Corte, en detalle, cómo se usa el presupuesto para comprar a los congresistas.
Hasta ahora, el país solo había conocido una tabla que detallaba, presuntamente, la repartija de la contratación en el Invías. En la Corte Suprema de Justicia, el caso quedó a cargo del magistrado Marco Antonio Rueda, quien dispuso un equipo para desenredar esta trama y los resultados son contundentes.
Según el expediente, la Corte también ha identificado y tiene serios indicios de la participación de altos funcionarios del Gobierno Petro en este escándalo de corrupción. En la matriz de entrega de contratos, nuevamente, están mencionados los nombres de los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, detenidos por el escándalo de corrupción en la UNGRD.
“Puesto que las diligencias aluden a cupos indicativos que habrían sido ejecutados en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como se verifica del auto de apertura de instrucción, resulta forzoso colegir que las presentes diligencias deberán tener por objeto las partidas presupuestales de idéntica denominación, pero que, de acuerdo con el relato de la referida Benavides Soto, fueron materializadas por conducto del Invías”, se lee en el expediente sobre lo ocurrido en esa entidad.
La investigación detalla diligencias fundamentales en este caso, como los interrogatorios a Benavides a finales de 2024 (21 y 30 de octubre, y 8 y 21 de noviembre de ese año) en el marco de su principio de oportunidad. La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia adelanta la indagación preliminar, entre otros, contra Bonilla, “con ocasión de hechos sucedidos en el segundo semestre de 2023”.
Según uno de los investigadores de la Corte Suprema de Justicia, la presunta repartija de contratos en el Invías sería diez veces mayor a la que se dio en la UNGRD.
La Corte reconoce la importancia de la confesión de la exasesora de Bonilla y las pruebas que aportó: “Relató en forma cronológica y detallada los hechos relativos a las actuaciones del ministro de Hacienda en el trámite que se adelantó ante la Comisión Especial Interparlamentaria de Crédito Público (…) Para efectos de lograr la aprobación de unos créditos externos de la nación ante la Banca Internacional”.
El expediente señala que Benavides entregó dos documentos “con sendas tablas en las que aparecen consignados los datos correspondientes con mención a los congresistas que habrían sido los beneficiados”. El alto tribunal habla de “un idéntico mecanismo que habría ocurrido” en el Invías en años anteriores, aunque la investigación y las pruebas más contundentes se centran en lo que habría sucedido durante el Gobierno Petro.
Los investigadores de la Corte Suprema de Justicia llegaron hasta la entidad y, con lista en mano, corroboraron cada uno de los contratos en los que los congresistas tendrían algún interés y verificaron su estado.
Según conoció SEMANA, la matriz secreta del Ministerio de Hacienda coincide con lo que se estaba tramitando en el Invías. Algunos contratos registraron cambios en la ejecución y aumentos presupuestales. La Corte tiene la mirada puesta en contratos que estaban “quietos” y a los que les hicieron millonarias adiciones presupuestales, incluso superiores al monto inicial de la contratación.
En el expediente figuran Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez, Katherine Miranda Peña, Wilmer Carrillo Mendoza, Daniel Restrepo Carmona, Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Wilmer Yair Castellanos, Silvio José Carrasquilla, Álvaro Henry Monedero, Elkin Rodolfo Ospina, Wilder Iberson Escobar Ortiz, Milene Jarava Díaz, Sandra Bibiana Aristizábal, Kelyn Johana González, Carlos Alberto Cuenca, Karen Astrid Manrique, Juan Diego Muñoz, Juliana Aray Franco, Néstor Leonardo Rico, Jazmín Lizeth Barraza y Wilmer Yesid Guerrero.
También aparecen Juan Diego Echavarría, Jairo Alberto Castellanos, Efraín Cepeda Saravia, Juan Carlos Garcés Rojas, Juan Pablo Gallo Amaya, José Alfredo Gnecco, Liliana Esther Bitar Castilla, Karina Espinosa Oliver y Laura Ester Fortich.
La Corte pidió corroborar cada evidencia aportada por Benavides, al igual que su testimonio, y por eso le pidió a Invías “la copia de los contratos o convenios interadministrativos relacionados específicamente en tales documentos. Así mismo, la totalidad de la documentación correspondiente a los proyectos financiados con recursos asignados a través de esos negocios jurídicos”.
En la revisión se hallaron 82 procesos contractuales y dos bancos de programas y proyectos de inversión nacional.
La Corte analizó cada uno de los contratos y encontró, por ejemplo, el convenio interadministrativo 2287 de 2023 entre el Invías y Envigado, municipio de origen de uno de los representantes investigados, por más de 12.500 millones de pesos. Allí se planteaba “aunar esfuerzos para el mejoramiento y mantenimiento de vías en los sectores de Las Palmas, Pantanillo, Perico, El Vallano, El Escobero, Santa Catalina”, en Antioquia.
Otro contrato en la mira tiene que ver con obras en el Cesar. Se trata del convenio interadministrativo 2246 de 2023 para “el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias en el municipio de Curumaní” y su alcance guarda relación con “la vía terciaria que comunica al corregimiento El Mamey”, por más de 16.000 millones de pesos.
En Magdalena figura otro contrato que coincide con la matriz aportada por Benavides. Tiene que ver con el convenio interadministrativo 2224 de 2023 para “el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias en el municipio de Sitionuevo y su alcance guarda relación con la vía Sitionuevo-La Puente por valor de 26.700.000.000 de pesos”.
Otro departamento mencionado es Arauca, de donde es oriunda Karen Manrique, representante a la Cámara, detenida por el escándalo de la UNGRD. Allí, el caso hace referencia a un contrato en Fortul que tuvo una adición. Es el convenio interadministrativo 2083 de 2023 para el “mejoramiento y mantenimiento de la vía Palmarito entre Fortul y Caranal-La Paz y Gaitán, Alto Jordán y Paraíso”, por más de 23.000 millones de pesos. Además, se encontró un acta de adición por valor de 4.895.000.000 de pesos.
En La Guajira, la cuna del escándalo de la UNGRD, por el saqueo de recursos para comprar presuntamente congresistas de las comisiones económicas de Senado y Cámara, también hay contratos. Uno de ellos, según la Corte Suprema de Justicia, se dio en el municipio de Barrancas y tiene una adición presupuestal mayor que el monto por el que se había tramitado en principio. Es el convenio interadministrativo 2210 de 2023 para mejorar y mantener vías en Barrancas por más de 12.000 millones de pesos. “Adicionalmente, se encontró un acta de adición por valor de 26.000 millones de pesos, valor que corresponde al reseñado en la tabla”, dice el expediente de la Corte.
Incluso hay contratos millonarios de los cuales ni siquiera es clara la necesidad de esta inversión y es justificada como la “reactivación de las regiones”, como ocurre con un contrato en Norte de Santander.
El magistrado Marco Antonio Rueda lleva la investigación por la presunta repartija de contratos en el Invías a congresistas a cambio de sus votos. Foto: Corte Suprema de Justicia
De los 82 contratos del Invías que fueron revisados por la Corte Suprema de Justicia, los investigadores detectaron 61 que tienen una clara coincidencia con las pruebas aportadas por Benavides. La mayoría, incluyendo las adiciones, se habrían dado durante el Gobierno Petro, y hay indicios de que todo habría sido usado, presuntamente, para comprar los votos de los congresistas.
La relación entre los contratos del Invías y las votaciones fue puesta en evidencia por la propia Benavides. En el expediente hay, incluso, una declaración que le dio la exasesora a la Fiscalía y en la que explica cómo se repartían los contratos y deja en claro que ella obedecía las órdenes del entonces ministro Bonilla.
“(Decía) que se acababa el tiempo y que algo había que hacer. Yo le digo: ‘Ministro, ¿qué hacemos, ministro? Allá no se está moviendo nada’. ¿Y por qué lo sabía yo? Yo era la que recibía la presión del Congreso y me decían: ‘No están saliendo, no los han contactado, no los han llamado, no los han buscado, no se ha hecho nada, eso no va a ser en este año’”, se escucha en el audio, revelado por SEMANA en su momento, y que forma parte de este expediente de la Corte Suprema de Justicia.
En ese audio, Benavides hizo referencia a Juan José Oyuela, director de ejecución y operación del Invías, con quien, al parecer, se coordinaba la asignación de los contratos para los congresistas.
Juan José Oyuela, director de ejecución y operación del Invías, sería, presuntamente, la persona con la que se coordinaba la entrega de los contratos. Foto: INVÍAS
Fiscal: ¿Usted sabe por medio de qué entidad salieron los recursos para estos proyectos?
María Alejandra Benavides: Yo sé que estos son proyectos en Invías.
F.: ¿Usted sabe o ella (en referencia a Andrea Ramírez, también asesora del Ministerio de Hacienda) le dijo cuántos créditos se aprobaron a partir de la adjudicación de estos cupos indicativos?
M.B.: Se daban a cambio de créditos (inaudible); esos cupos eran en pro de garantizar la gobernabilidad. Por eso, al principio de esta diligencia, yo le expliqué que Andrea (Ramírez) me dijo: ‘Existen seguimientos de proyectos; estos seguimientos se materializan en cupos indicativos, que son la articulación entre el ministro, una entidad y el Congreso’.
En su declaración a la Fiscalía, Benavides contó cómo hacía reportes a Ramírez sobre la manera como se estaba llevando la matriz de los contratos.
“Cuando me voy del Ministerio, Andrea me pide que le entregue la tabla actualizada. ¿Qué pasa? Los congresistas cambian todo el tiempo, porque son individuales. Con prioridad en otras regiones, porque en esta coyuntura, el primero de octubre, por las elecciones regionales, eso decía, cambian alcaldes, cambian partidos políticos en las regiones. Así que la tabla va cambiando”, se le escucha a Benavides, quien explicó que todo se hacía a la vieja usanza, con sobres sellados.
En el expediente del Invías, la magistrada Cristina Lombana le hizo un interrogatorio a Benavides. Allí ella aportó más información de la supuesta repartija en el Invías que fue enviada al despacho de su colega Marco Antonio Rueda.
En esa declaración de Benavides, del 4 de agosto del año pasado, ella entregó más tablas, chats y pantallazos de conversaciones, en especial una que resulta clave para esta investigación, con el director de Ejecución y Operación del Invías, Juan José Oyuela.
“La declarante se compromete a aportar las imágenes de las capturas de pantalla de la conversación sostenidos (sic) vía whatsapp con Juan José Oyuela, quien pertenecía al Invías para el año 2023 (…). Se compromete a aportar un documento que fuere enviado por Juan José Oyuela con los proyectos que ‘ya habían salido’”. Se trata de pruebas sobre cómo en el Invías había funcionarios encargados, presuntamente, de hacer cumplir las promesas de contratos a los congresistas.
La investigación del magistrado Rueda sobre el Invías ha puesto en evidencia nombres de congresistas presuntamente favorecidos con contratos que hasta el momento habían pasado de agache, pero que, según queda claro en el expediente, serán vinculados formalmente al proceso.
“Teniendo en cuenta la información suministrada por María Alejandra Benavides Soto, en curso de la declaración rendida ante la sala (…), se dispone vincular a las presentes diligencias, en calidad de investigadas, a la senadora de la república Laura Ester Fortich y a la representante a la Cámara Jezmi Lizeth Barraza”, advierte el expediente.
Según conoció SEMANA, la Corte ha tenido que remitirse a municipios donde fue direccionada la contratación para establecer avances en las obras, contactos de los congresistas, si se están ejecutando, los montos y adiciones presupuestales.
Al parecer, en algunos municipios han tratado de ocultar información y ha sido necesario enviar a funcionarios para hacer las diligencias de verificación.
“Una vez recibidas las respuestas por los municipios de Manatí, Sincelejo y San Benito Abad, se tiene que estas no satisficieron a cabalidad lo solicitado por el despacho”, advierte la Corte. Por esa razón, tuvieron que disponer de investigadores del CTI, adscritos a la Sala Especial de Instrucción, para recaudar la documentación.
Exministro Ricardo Bonilla en audiencia en Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, proceso penal por presuntamente direccionar contratos en UNGRD y el Invías. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA
Otro punto clave del proceso tiene que ver con los contratistas y su relación con los congresistas. Para que la maniobra corrupta se concrete, son ellos quienes deben elegir a quienes ejecutan las obras. En el caso de Karen Manrique en la UNGRD, por ejemplo, se investiga el papel de su esposo, Gustavo González Ruiz, como presunto ejecutor de la contratación, según reveló SEMANA.
De igual manera, la Corte le pidió al Invías el registro de ingreso de 34 congresistas vinculados al proceso y de sus asesores adscritos a las Unidades de Apoyo Legislativo. La respuesta pone sobre la mesa el desfile de congresistas a las instalaciones del Invías, en particular al piso octavo del edificio Central Point, en el occidente de Bogotá, donde se encuentran la Dirección de Ejecución y Operación, el Grupo de Seguimiento y Control de Proyectos y el Grupo de Gerencias Territoriales.
En las próximas semanas podría haber decisiones de fondo frente al expediente del Invías. Un robusto equipo de investigadores del CTI, adscrito a la Sala Especial de Instrucción, y magistrados auxiliares del despacho del magistrado Rueda tienen puesto el acelerador a fondo. Las pruebas están en sus manos y documentadas en este expediente al que tuvo acceso SEMANA. En su defensa, algunos congresistas han planteado que no han tenido actuaciones ilegales y que, por el contrario, han tratado de hacer gestión pública para beneficiar a sus regiones. La Corte Suprema de Justicia tendrá que dictar la última palabra.
Cortesía: Semana
