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En otro documento conocido por Blu Radio, EPM aseguró que se avanza en un convenio con la Gobernación de Antioquia para entregar información para adelantar el recaudo.
Siguen los enredos para el cobro de la polémica tasa de seguridad en Antioquia .
En documentos conocidos por Blu Radio, si bien EPM aceptó que avanza la suscripción de un acuerdo de confidencialidad con la Gobernación para la entrega de información que permita facturarla, empresa que sería la encargada del recaudo aseguró que estas labores no hacen parte de su competencia.
Aunque desde el 1 de enero está vigente la ordenanza que faculta el cobro de la cuestionada tasa para la seguridad en Antioquia , sigue la incertidumbre frente a cómo y cuándo se desarrollará este tributo para los estratos 4, 5 y 6 a partir del consumo mensual de energía.
El gobernador Andrés Julián Rendón reveló que se ha recaudado unos $2.000 millones de pesos por empresas que prestan este servicio.
Además, señaló que las mismas funciones “únicamente son competencia de quien le han sido asignadas por la ley”. Sin embargo, en otra respuesta entregada por EPM la compañía de servicios públicos admitió, tal cual lo indicó a Blu Radio el gobernador Andrés Julián Rendón, que “está en trámite la suscripción de un Acuerdo de Confidencialidad” para la entrega de información que permita facturar el impuesto.
Se trata de cerca del 90% de usuarios del servicio de energía en Antioquia a los cuales, destacó el mandatario, les estaría llegando la primera factura a inicios de marzo.
“Estamos pendientes de liquidar y en consecuencia poder facturar a los suscriptores que tiene bajo su tutela EPM . Ya estamos formalizando un acuerdo con EPM para que nos suministre la información a fin de nosotros poder liquidar la tasa y creo que para los primeros días de marzo nosotros podríamos estar liquidando ya lo que fue el consumo de energía”, afirmó en Blu Radio.
A propósito de este proceso que avanza con EPM, recientemente el diputado Peláez envió una comunicación al alcalde Federico Gutiérrez, como presidente de la Junta Directiva de la compañía, para que no entregue la información solicitada por la Gobernación, especialmente por coherencia ante el rechazo que ha manifestado en ruedas de prensa, al cobro de este tipo de impuestos por parte de la empresa de servicios públicos.
“Y mucho menos que se haga a través de la cuenta de los servicios públicos a través de la tarifa de energía, un tema tan sensible, en el cual lo que tenemos es que buscar cada vez es que haya una tarifa justa para las personas”, aseveró.
Con el impuesto de seguridad la Gobernación pretende recaudar más del billón para destinar a iniciativas de fortalecimiento de la seguridad, la fuerza pública y la convivencia en diferentes localidades del departamento.
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