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Por: Omar Jiménez
Abelardo de la Espriella llegó a Santa Marta con una pistola al cinto, un radio en la mano y una producción audiovisual que parecía sacada de una película gringa de comandos. Solo les faltó el equipo de maquillistas.
Mientras el presidente jugaba a patrullar, una ciudad entera estaba aprendiendo, otra vez, que el miedo también sabe gobernar.
Y esto no se trata de negar que el Estado tenga que responder, porque precisamente en Santa Marta quemaron vehículos, intimidaron comerciantes y afectaron la movilidad este grupo de hps denominados las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, demostrando que tienen capacidad para alterar la vida cotidiana de una ciudad. Eso no es un juego y requiere una respuesta contundente de las instituciones.
Pero una cosa es enfrentar a los criminales y otra muy distinta es convertir al presidente de la República en el protagonista de un video de acción.
Porque la pistola al cinto de un mandatario civil, escoltado por la Fuerza Pública y rodeado de cámaras, no deja de ser una imagen caricaturesca por mucho que le pongan música del Señor de Los Anillos.
Y no, y que quede claro, el problema no es que un presidente tenga protección armada, el presidente tiene derecho a su seguridad. El problema es la puesta en escena, esa necesidad de demostrar autoridad como si el poder de la República dependiera de que su jefe pareciera un hombre de operaciones especiales.
¿De verdad los colombianos creemos que la pistola hace más presidente al presidente, que un radio en la mano convierte un patrullaje en una estrategia de seguridad y que correr junto a los soldados garantiza que los criminales dejen de controlar un territorio?
La seguridad de una ciudad no se recupera con una fotografía. Y el Estado no demuestra su fortaleza porque el presidente camine unas horas por un barrio con un arma al cinto. La demuestra cuando el comerciante puede levantar la reja sin miedo, cuando el transportador puede salir a trabajar, cuando una familia puede circular sin obedecer las órdenes de un grupo armado y cuando las instituciones permanecen después de que las cámaras se apagan.
Ahí está la diferencia entre hacer presencia y ejercer autoridad.
Y esa diferencia no es un asunto de estética, es un asunto de gobierno. El presidente anunció la militarización de Santa Marta y el refuerzo del pie de fuerza en la ciudad y en Ciénaga. La respuesta estatal incluye despliegue militar y policial frente a las acciones atribuidas a las ACSN. La fuerza pública tiene la obligación de proteger a la población y recuperar el control territorial. Nadie debería discutir eso desde la comodidad de una oficina, mientras los comerciantes reciben amenazas y los ciudadanos se quedan encerrados en sus casas.
Pero la fuerza no puede convertirse en un sustituto de la estrategia, porque los criminales no desaparecen simplemente porque aparezca un presidente armado. Pueden esconderse, replegarse, modificar sus rutas, presionar a las comunidades y esperar a que disminuya la presencia extraordinaria de las autoridades. La pregunta no es solamente cuántos uniformados llegaron a Santa Marta, es qué capacidad tiene el Estado para desarticular las estructuras que permiten que una organización criminal imponga condiciones sobre la población.
Gobernar no es llegar al lugar donde está el incendio, ponerse el casco y anunciar que se va a acabar con todo. Gobernar es construir la capacidad institucional para que el incendio no vuelva a empezar en cuanto se retire el agua.
Y eso exige inteligencia, coordinación, investigación judicial, presencia territorial y resultados sostenibles, no solamente discursos de guerra.
El presidente puede hablar duro, lo que no puede hacer es confundir el tono de su discurso con la capacidad real del Estado. De la Espriella ha elegido una comunicación de confrontación absoluta frente a las organizaciones criminales, y eso está bien, pero mientras hacía declaraciones desde Santa Marta hablando de perseguirlas y eliminarlas, estos mismos grupos colocaban explosivos al tren del Cerrejón.
Y ahí es donde el Gobierno debe aceptar una regla básica, las amenazas de un presidente no son indicadores de seguridad, hablar duro no es suficiente. El ciudadano no duerme más tranquilo porque el mandatario diga que va a mandar a los criminales al infierno, duerme más tranquilo cuando la amenaza deja de controlar su vida.
La seguridad no se anuncia, se construye, se ejerce y se comprueba. Y hay algo más que deberíamos decir sin tanta vuelta, el Estado no puede permitir que la seguridad se convierta en un espectáculo de hombría política.
Un presidente no necesita demostrar que es más macho que un criminal. Necesita demostrar que las instituciones que dirige son más fuertes, más inteligentes y más eficaces que las estructuras que amenazan a la ciudadanía.
El país no necesita una competencia de quién grita más duro ni de quién aparece con el arma más visible. Necesita que el Estado tenga la capacidad de imponer la ley sin depender de la teatralidad de su jefe.
Porque la pistola puede ser un elemento de protección personal. El radio puede ser una herramienta de comunicación. El chaleco puede ser parte de un protocolo de seguridad.
Pero ninguno de esos objetos es una política pública y Santa Marta necesita mucho más que una imagen presidencial de combate.
Necesita que el Estado llegue, actúe y permanezca.
