El desastre ambiental de la minería ilegal de oro en Colombia

El desastre ambiental de la minería ilegal de oro en Colombia

La minería ilegal de oro de aluvión ha dejado una cicatriz profunda en Colombia, deforestando 54,350 hectáreas entre 2014 y 2022, según datos alarmantes. Sin embargo, este desastre ambiental va más allá de la pérdida de bosques; su impacto se extiende a la contaminación de ríos y la salud de quienes dependen de ellos.

La deforestación, aunque influida por la extracción ilegal de minerales, encuentra sus raíces en la apropiación ilegal de tierras y la ganadería extensiva, según el Sistema de Monitoreo de Bosques del Ideam. La minería ilegal, especialmente la explotación de oro de aluvión, se erige como un actor destructivo, contribuyendo al 3.6% de la deforestación total.

Este problema va más allá de las estadísticas de deforestación; la contaminación de los recursos hídricos se ha convertido en una crisis inminente. Investigaciones revelan que tramos del río Cauca, influenciados por la minería ilegal aluvial de oro, contienen niveles inaceptables de mercurio, manganeso y plomo, poniendo en riesgo el agua de consumo.

A pesar de la prohibición del uso de mercurio en la extracción de minerales desde 2018, estudios demuestran la persistencia de niveles peligrosos de este metal en alimentos básicos como pescado, cerdo, pollo, huevo, plátano, ñame y yuca en áreas mineras. La negligencia en la aplicación de esta restricción amenaza la salud de comunidades enteras.

En 2016, el desastre alcanzó su punto más sombrío cuando aguas contaminadas con mercurio se vincularon a la muerte de 37 niños en Chocó, mientras que 64 más quedaron intoxicados. Aunque las restricciones se implementaron, las consecuencias perduran, evidenciando la urgencia de medidas más efectivas y la ejecución rigurosa de las leyes existentes en contra de la minería ilegal.

Reconocidos ambientalistas, entre ellos Camilo Prieto, no escatiman en calificar la minería ilegal como «uno de los peores problemas ambientales de Colombia». Sus palabras resuenan con urgencia mientras las comunidades afectadas luchan contra los estragos de esta actividad insostenible.

En 2017, la actual ministra de Ambiente, Susana Muhamad, tildó la minería ilegal del oro como «un cáncer» y una «tragedia para generaciones futuras». Sin embargo, el silencio gubernamental actual sobre medidas adicionales para abordar esta problemática deja preguntas sin respuesta, generando incertidumbre sobre la verdadera voluntad de combatir esta crisis.

La minería ilegal no solo roba recursos naturales; despoja a las comunidades de su salud y bienestar. La necesidad de una acción gubernamental efectiva se vuelve más evidente cada día. La inacción prolongada amenaza con empeorar la situación, condenando a futuras generaciones a lidiar con las secuelas de un problema que podría haberse detenido.

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