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Una abogada solicitó actos urgentes de investigación tras las declaraciones de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, sobre presiones indebidas en su despacho. La denuncia señala al ministro del Interior y a la directora del DAPRE.
W Radio conoció en primicia la denuncia penal por tráfico de influencias que fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, luego de que la ministra de Justicia saliente, Ángela María Buitrago, revelara presiones indebidas para realizar nombramientos dentro de su cartera.
La denuncia fue presentada por la abogada Estefanía Orozco Torres, quien pidió a la Fiscalía activar el procedimiento de actos urgentes de investigación, dada la gravedad de los hechos y la calidad de los funcionarios involucrados.
Según el documento, Buitrago —quien presentó su renuncia irrevocable el pasado 12 de abril, efectiva a partir del 1 de junio— denunció públicamente haber recibido “presiones que no respondían a criterios técnicos ni administrativos, sino a intereses personales o políticos”.
La exministra señaló directamente a Benedetti y Rodríguez como responsables de dichas presiones, que incluían intentos de incidir en la remoción del director de la Uspec, Ludwig Valero, e incluso “presiones para mover presos”.
La denunciante destacó que estas conductas podrían encajar en el delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 411 del Código Penal. Este castiga al servidor público que utilice indebidamente las influencias derivadas de su cargo para obtener beneficios personales o para terceros.
La abogada también solicitó que se recojan con urgencia las declaraciones de Buitrago y los registros de llamadas y mensajes enviados en 2025 por los denunciados. Además, planteó preguntas clave a la directora del DAPRE sobre la existencia y manejo de un grupo de chat del gabinete presidencial, donde presuntamente ocurrieron actos relevantes para el caso.
La denuncia recuerda que Armando Benedetti ya enfrenta un proceso judicial ante la Corte Suprema de Justicia por otros hechos, lo que, según la denunciante, demostraría continuidad en su conducta.
Finalmente, se enfatiza que las declaraciones de Buitrago —conocida como “la fiscal de hierro”— deben ser valoradas con especial cuidado por su reconocida trayectoria profesional y su conocimiento del funcionamiento interno del Estado.
