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POR: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
Avanza el proceso penal en la Corte Suprema de Justicia por el entramado de corrupción de UNGRD y ya les ha costado la libertad a dos exministros del Gobierno, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, acusados de concierto para delinquir y cohecho con miembros del Congreso, para sacar iniciativas legislativas que interesaban al ejecutivo. Los cupos indicativos del pasado, considerados una mala práctica para la gestión de lo público, son un “pecado venial” comparados con lo que ahora pasó y se investiga.
Flaco favor le hizo el Presidente de la República, al asumir la defensa del exministro Bonilla por sus redes sociales, argumentando que es una persona “ingenua”. La ingenuidad no sirve de excusa; aquí el que peca de ingenuo es otro. No se necesitan dos dedos de frente para saber que negociar la gestión del Congreso a cambio de dádivas, contratos y puestos públicos es una conducta delictuosa.
El exministro Velasco, de frente, dijo que todo se había hecho con el conocimiento del Presidente de la República. Razón seguramente, por la que el Presidente de la República no salió a defenderlo. Su manifestación debe llevarse a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que la acumule con todo lo que le tiene represado y se demuestre una vez más, la necesidad de suprimir esa talanquera en que se convirtió el “antejuicio político” en el Congreso.
A toda esta novedad judicial, desentonadamente respondió el Presidente, descalificando al poder judicial como se ha vuelto su costumbre. Ya no nos sorprende.
Ante el sorpresivo decreto de “emergencia económica” expedido por el Gobierno, argumentando como hecho motivador, que el Congreso no aprobó la ley de financiamiento para cubrir los 16 billones faltantes del presupuesto, entre otras motivaciones, se ha advertido que la Corte Constitucional podría reunirse extraordinariamente para iniciar su estudio.
Parece que ya hay demanda contra la declaratoria de emergencia y los decretos que se dicten con base en ella tienen control automático por la Corte. Como la Corte está en vacancia judicial, se especula si puede reunirse de manera extraordinaria para iniciar el estudio de la declaratoria demandada o de los decretos que se expidan.
Nada impide que los magistrados se reúnan aun en vacancia judicial a iniciar el estudio de la demanda o de los decretos y a planear su trabajo. Seguramente las decisiones las adoptaran una vez regresen de vacaciones.
Lo último, es la colocación de 23 billones de pesos en títulos de deuda pública en dólares, a la exorbitante tasa de interés del 13%, alegando que la “olla esta raspada” y no hay con que pagar la nómina. Si la emergencia económica se justifica en la desfinanciación del presupuesto; con este endeudamiento, va a sobrar dinero; razón más para sostener que la emergencia económica no era necesaria y se podía acudir a otras formas de obtener recursos para los programas sociales del Gobierno.
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