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POR: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
El martes pasado concluyó en la plenaria de la Cámara de Representantes, el octavo debate del Acto Legislativo que reforma los artículos 356 y siguientes de la Constitución Nacional. Quedó aprobado el aumento gradual y considerable en el Sistema General de Participaciones para los entes territoriales.
La Constitución de 1991 fue bastante ambiciosa y contempló que para el año 2002 el traslado debería corresponder al 22% para los ICN y para los municipios el 26.5%,
y para el año 2003 se llegaría hasta el 48.% de traslado de recursos obtenidos por la nación a los entes territoriales para atender las competencias-gastos en educación, salud, servicios públicos y saneamiento básico. Por supuesto, no se cumplió y es lo que ahora se retoma y pretende hacerse con la reforma constitucional.
Se trata de una iniciativa apoyada por el Gobierno y que encuentra partidarios a granel; para muchos siempre serán bien recibidas todas las reformas que tiendan a aumentar la autonomía regional que se ve diezmada por el excesivo centralismo que arroja nuestro actual sistema de gobernanza y el despilfarro cada vez mayor de los ingresos nacionales.
Sin embargo, en esta ocasión las criticas también han salido a relucir en abundancia, precisamente por la impensable reforma frente a las finanzas colombianas. Una contundente comunicación firmada por expertos en finanzas públicas hizo sentir su voz de protesta ante la inviabilidad financiera de la iniciativa.
Según exministros, economistas y académicos firmantes de la carta enviada al Gobierno, de aprobarse el proyecto, tal como viene estructurado, se le causaría un daño irreparable a las finanzas públicas de la nación y se afectaría la capacidad del Estado de cumplir con sus funciones. Ante la aprobación del Acto Legislativo, la misiva quedó como una mera constancia histórica.
En pleno debate escuchamos que para cumplir con las nuevas metas de transferencias se requerirían 9 reformas tributarias de 16 billones cada una para poder cumplir las transferencias, entre el año 2027 y el 2035. En ese orden de ideas, se estima que el costo del proyecto asciende a la comprometedora suma entre 218 y 263 billones de pesos. Precisamente, el Ministerio de Hacienda advierte documentalmente que solo para el año 2035, el Gobierno necesitaría unos $55,3 billones adiciones para cumplir con las transferencias de la reforma.
Pero además, se ha criticado que la reforma se queda a mitad de camino; se refiere a las transferencias de la nación a las entidades territoriales, pero no advierte las competencias que ellas deberán asumir, en salud, educación, servicios públicos y saneamiento básico y, por tanto, será necesario presentar una nueva iniciativa legislativa para determinar y concretar cuales son las competencias y gastos que tendrán que asumir los entes territoriales con la nueva propuesta.
En conclusión, la reforma que se concreta en el mencionado Acto Legislativo al sistema general de participaciones, configura otra chapuza más del Gobierno; ahora nada más y nada menos, que en las finanzas públicas que quedan en veremos para poder cumplir con las transferencias. Otro lio que le corresponderá arreglar al próximo Gobierno.
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