Senadora Isabel Zuleta fue denunciada en la Corte Suprema tras señalamientos de Federico Gutiérrez

de Federico Gutiérrez

La congresista fue señalada en la acción judicial por dos delitos, siendo acusada de presuntamente extralimitar sus funciones para evitar que fuera capturado alias ‘Yordi’, uno de los cabecillas de las bandas criminales de Medellín.

 

La senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico, fue denunciada ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tras las acusaciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre una supuesta injerencia de Zuleta para evitar que fuera capturado alias ‘Yordi’, uno de los cabecillas de las bandas delincuenciales en Medellín.

La denuncia, presentada por el activista Diego Caro, señala a la congresista de la coalición de Gobierno por presuntos delitos de obstrucción de función pública y tráfico de influencias, amparado en declaraciones realizadas por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“En el presente caso, las afirmaciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, permiten inferir que la senadora Isabel Zuleta habría intentado interferir directamente en el desarrollo de una orden judicial de captura, en concreto, la aprehensión de alias ‘Yordi’, presunto cabecilla de la banda criminal La Terraza. Según lo denunciado, la congresista, actuando como enlace del Gobierno Nacional en la Mesa de Paz de la cárcel de Itagüí, habría comunicado a mandos de la Policía Nacional su oposición a la ejecución de la captura, advirtiendo que ello podría poner fin al proceso de paz que lidera el Gobierno con estructuras criminales urbanas” se lee.

La denuncia, que está en proceso de ser asignada al despacho de algún magistrado, pide que se indague si Zuleta ejerció algún tipo de influencia indebida derivada de su condición de congresista.

“En este sentido, si se logra demostrar que la senadora empleó su investidura, jerarquía política o posición institucional para desincentivar, dilatar o condicionar la actuación de los agentes estatales, tales actos pueden ser entendidos como una forma de “instigación” para obstruir una función pública, especialmente tratándose de un operativo judicial regulado conforme a ley (orden de captura emanada del aparato judicial penal)” indica la denuncia.

 

 

 

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