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POR: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
Definitivamente, al Gobierno le incomodan los contrapesos que impone la democracia; ahora la ha emprendido contra la Sección Segunda del Consejo de Estado, que acaba de suspender el Decreto 415 de 2026, reglamentario de la Reforma Pensional, que ordenaba el traslado anticipado de cerca de $ 25 billones de pesos de los Fondos de Pensiones, hacia Colpensiones. Con la decisión se frena el movimiento inminente de $5 billones de pesos, a punto a darse en los próximos días.
Se trataba de trasladar los recursos de ahorro pensional de quienes se acogieron a la “ventana del traslado” creada por la Ley 2381 del 2024. La discusión se centra en que en la reforma pensional se había establecido que los recursos debían permanecer administrado por las AFP hasta que el afilado consolidara efectivamente su derecho pensional. El decreto, reglamentario va más allá de la ley, cambia la condición y ordena anticipadamente el traslado a Colpensiones, antes de cumplir el requisito. Es clara la extralimitación de la potestad reglamentaria presidencial.
Se viene “lanza en ristre” el Presidente contra el Consejo de Estado, según el Gobierno queda en incertidumbre el pago de pensiones para 25.000 jubilados; queda en riesgo la estabilidad financiera y operativa del sistema. Anuncia el Presidente acciones penales contra el Magistrado Ponente, señaló que se trata de “un golpe de estado contra el pueblo”.
Para los Ministerios de Hacienda y Trabajo se “bloquea al sistema”, pues se deja sin efecto el mecanismo que permitía mover los recursos desde las administradoras privadas hacia Colpensiones para financiar las futuras obligaciones pensionales; es decir, Colpensiones no tendría plata para pagar esas mesadas porque los recursos los tendrían los fondos privados. Notorio el desespero gubernamental por recursos en el tramo final de su mandato.
Por otro lado, se ha enredado la solicitud presidencial de suspender las órdenes de captura de veintinueve miembros del grupo terrorista conocido como el Clan del Golfo, dentro de ellos, alias Chiquito Malo. La Fiscal General no ha atendido la solicitud presidencial, alegando que no cumple con los requisitos que ordena la
Para los Ministerios de Hacienda y Trabajo se “bloquea al sistema”, pues se deja sin efecto el mecanismo que permitía mover los recursos desde las administradoras privadas hacia Colpensiones para financiar las futuras obligaciones pensionales; es decir, Colpensiones no tendría plata para pagar esas mesadas porque los recursos los tendrían los fondos privados. Notorio el desespero gubernamental por recursos en el tramo final de su mandato.
Por otro lado, se ha enredado la solicitud presidencial de suspender las órdenes de captura de veintinueve miembros del grupo terrorista conocido como el Clan del Golfo, dentro de ellos, alias Chiquito Malo. La Fiscal General no ha atendido la solicitud presidencial, alegando que no cumple con los requisitos que ordena la ley. Por supuesto, que corresponde a la Fiscalía tramitar las solicitudes antes los jueces que adelantan los procesos, quien además debe bastantear la solicitud ante los jueces que han ordenado su detención. Dentro de los requisitos, esto debe darse en el marco de un proceso de paz y con una función especifica; no puede ser un simple pretexto para no extraditar o para lograr libertad indebidamente.
Los sistemas democráticos imponen a los gobiernos el sometimiento a controles establecidos en la constitución. La democracia se realiza cuando las autoridades aceptan el resultado de dichos controles y se erosiona cuando se revelan contra los mismos. La independencia de los jueces es una garantía democrática y es deber de todas las autoridades respetarla y hacerla respetar. Flaco favor se le hace al estado de derecho, cuando se le implosiona desde adentro, cuando la subversión viene del poder ejecutivo.
