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Desde la madrugada, aproximadamente 500 indígenas, incluyendo a unos 180 menores de edad, se apostaron en los ingresos de La Alpujarra, impidiendo el acceso a funcionarios y ciudadanos que requieren servicios de la Alcaldía, la Gobernación de Antioquia y el Palacio de Justicia.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció una presunta instrumentalización política detrás de los bloqueos protagonizados por comunidades indígenas en el Centro Administrativo La Alpujarra. Según el mandatario, la llegada de cientos de personas a la sede de gobierno no es un hecho aislado, sino una estrategia coordinada que evoca las tensiones vividas en años anteriores en otras ciudades del país.
Bloqueos en el corazón administrativo
Desde la madrugada, aproximadamente 500 indígenas, incluyendo a unos 180 menores de edad, se apostaron en los ingresos de La Alpujarra, impidiendo el acceso a funcionarios y ciudadanos que requieren servicios de la Alcaldía, la Gobernación de Antioquia y el Palacio de Justicia.
Gutiérrez fue enfático al señalar que, aunque respeta el derecho a la protesta social, su administración no permitirá que se vulnere el derecho al trabajo ni el acceso a los servicios públicos.
«Mi instrucción ha sido clara. Nadie ni nada puede evitar que los funcionarios públicos ingresen a trabajar», afirmó el alcalde, destacando que se ha coordinado con la Policía para garantizar el flujo en el complejo administrativo.
¿Instrumentalización desde el Gobierno nacional?
Uno de los puntos más polémicos de la declaración de Gutiérrez es la relación que establece entre estos bloqueos y el Gobierno nacional. El mandatario cuestionó la «casualidad» de que, tras fuertes intercambios de mensajes en redes sociales con el presidente Gustavo Petro, arribaran a la ciudad 16 buses cargados con comunidades indígenas provenientes de Tierralta, Córdoba.
Gutiérrez sostuvo que muchos de los manifestantes, al ser consultados por la prensa, admitieron no saber con precisión el motivo de su presencia en Medellín y aseguraron estar «cumpliendo órdenes».
«¿Usted cree que esos buses se pagan solos? ¿Quién financia esto?», cuestionó el alcalde, sugiriendo que existe una estructura política financiando estas movilizaciones con fines electorales.
El espejo de 2022 y la Primera Línea
El alcalde comparó la situación actual con los eventos ocurridos durante el estallido social y las campañas de 2022. «A nosotros se nos olvida lo que pasó en Cali, lo que ha pasado en Bogotá y ahorita nos quieren repetir la misma dosis en Medellín», advirtió
Según su visión, se está utilizando a las comunidades indígenas y la amenaza de grupos como la «Primera Línea» para generar desestabilización en las regiones que son opositoras a las políticas de Petro.
La defensa del Pacto Histórico
Por su parte, el senador del Pacto Histórico, Alexander López, calificó las acusaciones de Gutiérrez como una estigmatización y negó cualquier coordinación para bloquear la ciudad. López defendió el concepto de «minga» como una tradición ancestral de trabajo comunitario y aseguró que los reclamos de los pueblos indígenas se deben a incumplimientos históricos del Estado en sus territorios.
