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Se trata de Carlos Mario Montoya, Fabio Andrés García Trujillo, Natalia Andrea Jiménez Pérez, Alethia Arango Gil, Leidy Jiménez Echavarría, Yina Pedraza Gómez e Ingrid González Montoya.
La Procuraduría General de la Nación anunció en las últimas horas una nueva decisión que compromete a funcionarios de la anterior administración en Medellín.
Según indicó el ministerio público, formuló pliego de cargos contra por lo menos siete funcionarios por presuntas irregularidades en trámites administrativos del predio Aguas Vivas, ubicado en el barrio El Poblado, en Medellín.
La decisión adoptada por la Procuraduría Tercera Delegada Disciplinaría para la Contratación Estatal la medida cobija a Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Fabio Andrés García Trujillo, exsubsecretario de ejecución contractual de la alcaldía de Medellín; además de Natalia Andrea Jiménez Pérez, Alethia Arango Gil, Leidy Jiménez Echavarría, Yina Pedraza Gómez e Ingrid González Montoya, todas integrantes del Comité de Conciliación y quienes ocupaban los cargos de exsubsecretaria de Ejecución y exsecretaria General, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores, ex subsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad y exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, respectivamente.
El caso tiene que ver con supuestas irregularidades que se habrían presentado con respecto a actuaciones administrativas surtidas con ocasión de la transferencia y devolución del lote Aguas Vivas a particulares, el cual fue cedido al Distrito de Medellín mediante escritura pública 5762 de 2019 para ser destinado a “Espacio público de esparcimiento y encuentro ciudadano”.
Vale la pena mencionar que al mismo tiempo avanza el proceso por este caso en la Fiscalía General de la Nación, que radicó el escrito de acusación contra el precandidato y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle y otras 12 personas el pasado mes de septiembre.
Sobre el exmandatario, hoy precandidato presidencial, la Fiscalía lo señala como una de las personas que modificó de manera irregular el Plan de Ordenamiento Territorial en su administración entre 2020 y 2023, para presuntamente restituir ilegalmente a un tercero el lote de 142 mil metros cuadrados.
