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El Acuerdo de Escazú, con las herramientas que integra, ayudará a saldar una deuda histórica con la naturaleza y con las personas defensoras del medio ambiente.
Este 28 de agosto de 2024 será recordado como una fecha histórica para la protección del medioambiente en Colombia. Este día, la Corte Constitucional declaró como exequible al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú.
La decisión del Alto Tribunal reconoce la esencial y central labor de las personas defensoras de la naturaleza en medio de las crisis ambientales y contribuye a la protección de la vida en un país que, de acuerdo con el informe Global Witness, publicado en 2023, registró 60 asesinatos; la cifra más alta del mundo.
Una realidad inocultable, que solo con mecanismos sólidos e integrales como el Acuerdo de Escazú, ratificado en 16 países de América Latina y el Caribe, podrá mitigarse. El espaldarazo de la Corte a la naturaleza, a sus defensores, va en sintonía con el reconocimiento internacional a Colombia por su riqueza natural y sus estrategias de conservación de la naturaleza, ratificado con la designación del país como sede de la próxima Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad, COP16, que tendrá lugar en Cali en octubre próximo, y cuyo lema es ‘Paz con la naturaleza’.
Colombia tiene una deuda histórica con la naturaleza y con las personas defensoras de nuestro ambiente, una deuda que no se resolverá de la noche a la mañana, pero que el Acuerdo de Escazú, con las herramientas que integra, nos ayudará a saldar.
Tras ser aprobado por el Congreso de la República, el acuerdo fue sancionado por el presidente Gustavo Petro en 2022. Posteriormente, pasó a la fase de revisión por parte de la Corte Constitucional, cuyo fallo da paso para que el Acuerdo se integre de manera formal al marco jurídico ambiental colombiano.
A continuación, 8 datos clave para entender mejor el Acuerdo de Escazú y su importancia para la sociedad.
1. El Acuerdo de Escazú es un ejercicio de soberanía del gobierno nacional, por lo tanto, no se ve afectada la soberanía sobre los espacios terrestres, marítimos o aéreos del territorio nacional y mucho menos la capacidad para decidir sobre ellos.
2. Garantiza los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, por ello busca que los Estados que lo ratifiquen garanticen entornos seguros y libres de violencia para el trabajo de las personas, asociaciones, organizaciones o grupos que promueven la protección del ambiente.
3. Cuenta con órganos para facilitar la implementación de las obligaciones para los países que lo ratifiquen, pero este no otorga facultades especiales a Cortes, Órganos y Organismos internacionales para que intervengan en las decisiones que los países que ratifiquen el tratado deban tomar en materia ambiental.
4. Este Acuerdo sigue la práctica internacional de los Acuerdos Multilaterales Ambientales en materia de solución de controversias, la única obligación para los Estados es esforzarse por resolverla por medio de la negociación o cualquier otro medio que los Estados consideren aceptable. Sin embargo, faculta a los Estados para que se acojan o no a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
¿Qué pasa ahora que el Acuerdo de Escazú entró en vigencia?
5. Mantiene las reglas de daño ambiental que Colombia aplica hace más de 20 años, cuando incorporó en su normativa ambiental la dinamización de la carga de la prueba y por tanto este no pone fin a la presunción de inocencia en materia ambiental.
6. Con la ratificación del Acuerdo de Escazú no se modifican las reglas del derecho internacional, los sujetos que pueden acudir a las jurisdicciones internacionales o nacionales se mantienen. Sin embargo, la definición de público a la que se refiere el artículo 2 se refiere a todas las personas naturales y jurídicas nacionales o sujetas a la jurisdicción del Estado.
7. Aumenta y garantiza la seguridad jurídica sobre todo porque su contenido está en sintonía y permite acoger las directrices de organismos multilaterales como la OCDE y el BID. Los estudios de la OCDE y los estándares de la Banca Multilateral incorporan garantías asociadas con los derechos de acceso y políticas de sostenibilidad en línea con las disposiciones del Acuerdo de Escazú.
8. Fortalece la institucionalidad ambiental, políticas públicas y procedimientos ambientales y es un instrumento para el fortalecimiento de capacidades y la cooperación internacional. Contiene disposiciones que le permiten a Colombia superar las ambigüedades actuales que tiene la legislación ambiental y también señala la necesidad de promover y fortalecer la cooperación y fortalecimiento de capacidades, en los niveles internacional, regional, nacional, subnacional y local.
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