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POR. JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
La Constitución aprobada en Cúcuta en el año de 1821, sancionada por el Presidente Simón Bolívar, considerada la carta fundacional de la república, advierte sobre la creación de una Alta Corte de Justicia, llamada a ser el órgano de cierre de las decisiones judiciales.
Viene toda una evolución de la institucionalidad de nuestra naciente república y a medida que se transforma la Carta Constitucional, la Corte Suprema de Justicia se va consolidando como una de las ramas del poder público, que además, le hace contrapeso a las demás ramas; se consolida también como órgano de cierre, corte de casación y así como órgano encargado del control de constitucionalidad de las leyes, hasta la reforma de 1991, que da vida a la Corte Constitucional.
Durante estos 205 años se ha edificado sobre el principio de la independencia judicial, que más que una garantía para el ejercicio de la actividad de toda la rama, es un derecho de los ciudadanos, para que cuando demanden el servicio de justicia, sean atendidos por un juez independiente, que, al definir su conflicto, solo mire el sistema jurídico, respete el debido proceso y garantice el derecho de defensa.
Esa independencia de la rama ha sido constantemente atacada durante la existencia de la Corte Suprema; en primer lugar por grupos delincuenciales que incluso se tomaron su sede, la incendiaron, asesinado a muchos de sus magistrados; la misma suerte tuvieron muchos servidores de la Justicia a lo largo del territorio nacional, que perecieron acribillados por los delincuentes del narcotráfico, genios del mal.
A veces los ataques han venido desde otros órganos del Estado, como sucedió el episodio de las chuzadas del DAS; o lo que es peor, desde su mismo interior, como el lamentable caso conocido como el “cartel de la toga”, que a buena hora, recibió justicia, por la misma Corte, demostrando que su labor es sagrada y la solidaridad de cuerpo no existe a la hora de administrar justicia.
Cuando los momentos son aciagos para una república; cuando se desborda el ejercicio del poder; cuando las libertades democráticas se encuentran en riesgo; cuando los derechos ciudadanos se conculcan so pretexto de buscar seguridades no pedidas; cuando el orden jurídico es atropellado, es cuando emerge el poder judicial, como la columna de hierro llamada a sostener el orden constitucional y legal, y a poner en cintura los desmanes de los poderosos desbocados.
Solo cuando el poder es sometido al control de los jueces y del derecho, estamos en un mundo de libertad y de justicia, que es lo que se conoce como el “Estado de derecho”. Esta es la historia de nuestra Corte Suprema de Justicia en la vida republicana del país, destacada como la institución que controla el ejercicio del poder, poniendo por encima la Constitución y la ley. Son 205 años de fecunda labor en favor de la libertad, de la democracia, la paz social y la justicia.
