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En una contundente intervención de cinco horas ante el juez del caso, Mayer Abushihab, abogado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), ratificó la necesidad de enviar a prisión preventiva a Miguel Quintero hermano del exalcalde Daniel Quintero y a su socio Sebastián Ortega.
Para la defensa de la entidad, que actúa como víctima en el proceso, la gravedad del caso es tal que “ni la cárcel sería suficiente, pero sí es urgente”.
El proceso investiga la presunta apropiación ilegal de $2.481 millones en coimas a través de seis contratos firmados entre 2020 y 2023, los cuales sumaron más de $17.656 millones. Aunque la Fiscalía imputó a Quintero por interés indebido y prevaricato y solicitó su reclusión intramural, el AMVA exigió que la medida de aseguramiento se extienda a Ortega, señalado de operar como enlace del entramado en entidades clave de Medellín como Metroparques, el Inder, la EDU y Afinia.
Riesgo de obstrucción a la justicia y presiones a testigos
La representación legal del AMVA sostuvo que ambos procesados actuaron «a la sombra» sin necesidad de ostentar cargos públicos, lo que demuestra un alto poder de injerencia que mantendrían incluso en libertad. Durante la audiencia se denunciaron tácticas de intimidación y desprestigio contra testigos estrella como Misael Cadavid y Laura Mejía, mediante visitas carcelarias no deseadas y campañas en redes sociales para restarle credibilidad a sus testimonios.
Asimismo, la representación del AMVA puso en evidencia serias anomalías procesales, como el rastreo e ingreso irregular a las carpetas del caso desde el sistema informático de la Rama Judicial con más de 293 descargas de archivos confidenciales realizado presuntamente por una funcionaria ajena a la causa.
A Ortega también se le vincularon otros señalamientos de alta gravedad, entre ellos supuestas gestiones irregulares en filiales de EPM y denuncias por esquemas de intimidación expuestas por exdirectivos del sector energético.
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento entra en receso y se reanudará el próximo lunes 28 de septiembre, fecha en la que el juez definirá si los imputados deberán enfrentar el juicio tras las rejas.
