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Los detalles de la presunta ‘nómina de la corbata’ que enreda a la Alcaldía.
Una supuesta red de corrupción al interior de la Alcaldía de Itagüí quedó al descubierto tras la filtración de un explosivo testimonio ante la Fiscalía General de la Nación. Se trata de las declaraciones de Misael Cadavid, exrepresentante legal del Cuerpo de Bomberos del municipio, quien suscribió un principio de oportunidad avalado por un juez el pasado 8 de abril.
En el documento confidencial se detalla la existencia de una presunta “nómina de la corbata”, un esquema de contratación paralela que hoy tiene bajo la lupa a la administración local. Según la versión entregada por Cadavid a la justicia, esta red operaba mediante la asignación de contratos de prestación de servicios a asesores externos, con honorarios que alcanzaban hasta los 16 millones de pesos.
El testigo clave asegura que estos contratos presuntamente se utilizaban para pagar favores políticos a personas que ni siquiera contaban con la idoneidad o la experiencia requerida para los cargos.
El entramado de irregularidades denunciado por el exjefe de bomberos incluye: cobro de coimas: algunos contratistas presuntamente debían devolver un porcentaje de sus honorarios como comisión a la red.
Pagos en efectivo
Los desembolsos mensuales presuntamente se realizaban a través de cheques y cobros en ventanilla.
Cronograma criminal
Existía una supuesta planificación de pagos con beneficiarios que ya estaban previamente establecidos.
Los salpicados en la administración.
Las declaraciones de Cadavid señalan directamente al actual alcalde de Itagüí, Diego Torres, y a su secretario de Gobierno, Jean Mauricio Sánchez Silva.
Hasta el momento, el mandatario local no se ha pronunciado públicamente para dar su versión sobre estos graves señalamientos.El caso ya desató tormenta política en el sur del Valle de Aburrá.
Desde la oposición, el concejal del Centro Democrático, Walter Betancur, cuestionó el elevado número de asesores en las entidades municipales y puso bajo la lupa la experiencia de los contratistas. Como ejemplo, Betancur denunció que el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí contaría con siete de estos asesores, aclarando que esta es una denuncia política y no una prueba judicial de un delito.
Las otras líneas de investigación, el testimonio de Misael Cadavid abre otros dos frentes que las autoridades competentes deberán esclarecer: el negocio de las ambulancias: se cuestiona el cambio en la operación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), contrato que manejaban los bomberos y que pasó a manos del Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahíta. Marco Botero, representante de la Veeduría AMVA, calificó el movimiento como «extraño» y anunció el traslado de 15 hallazgos a las autoridades.
El fantasma de la ‘Quintería’: Durante las audiencias de solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero (hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero), el nombre del alcalde Diego Torres y el de dos de sus funcionarios fueron mencionados en tres ocasiones. Cadavid relató que, estando en prisión, recibió la visita de un funcionario de Itagüí que supuestamente le llevó un mensaje de parte de su “jefe”.
Es importante destacar que todos estos señalamientos forman parte de una investigación en curso y, hasta la fecha, no constituyen hechos judicialmente comprobados ni condenas en contra de los funcionarios mencionados.
