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Por: Omar Jiménez
Hay que reconocerle algo a Abelardo de la Espriella, lo de la Patria Milagro tiene imaginación y coherencia, tanto que, el milagro consiste en que la clase media sobreviva estos cuatro años. Porque su Ley de Rescate Económico tiene una curiosidad, mientras promete ordenar las finanzas públicas, se mete directamente con el mercado, el salario, la conectividad y hasta los recursos que financian los servicios sociales de millones de familias. Un milagro bastante particular, el país se salva siempre y cuando la clase media pague la factura.
Empecemos por el mercado, ese pequeño lujo que todavía se permiten quienes trabajan. El proyecto propone llevar al 19 % de IVA productos como el café, el azúcar, las pastas, las harinas y distintas frutas que hoy tienen tratamientos tributarios preferenciales. La medicina prepagada pasaría del 5 % al 19 %. También se gravarían servicios como las entradas a cine y determinados espectáculos. Al parecer, hasta tomarse un café o ir a cine tendrá que pasar por la oficina de Hacienda de Miguel Gómez.
Pero hay una buena noticia para los abelardistas, el caviar no figura entre los productos cotidianos de esa lista. El vino, en cambio, sí tendría que pasar del 5 % al 19 %. Los potajes de alta cocina tampoco son precisamente el centro de la discusión. La ironía es deliciosa, mientras se discute cómo encarecer alimentos que terminan en la mesa de millones de hogares, la clase media tendrá que hacer malabares para que el mercado alcance hasta final de mes. Aplaudan, ¿por qué no aplauden?
Y no se trata solamente de lo que se compra en el supermercado. El internet residencial de los estratos 1, 2 y 3 perderían su tratamiento tributario preferencial. En tiempos en los que estudiar, trabajar, buscar empleo y acceder a servicios públicos depende de estar conectado, encarecer internet no es una decisión inocua. Es ponerle otro precio a una herramienta que dejó de ser un lujo hace mucho tiempo.
También están los trabajadores, el proyecto modifica las condiciones de las rentas exentas y las deducciones de las personas naturales, lo que podría aumentar la carga tributaria de determinados contribuyentes. No significa que todo el que gane cuatro millones de pesos vaya automáticamente a pagar impuesto de renta, pero sí que más trabajadores pueden terminar con menos ingreso disponible. Es una diferencia importante, el salario puede seguir siendo el mismo sobre el papel, mientras la plata que realmente llega a la casa empieza a rendir menos.
Y aquí viene otra de esas decisiones que merecen una explicación bastante más amplia que un comunicado de prensa, las cajas de compensación familiar perderían uno de los cuatro puntos porcentuales de aportes que reciben actualmente, trasladado a la ADRES para financiar el sistema de salud. Un 25 % de esos recursos cambiaría de destino, no estamos hablando de una cifra decorativa, son recursos que sostienen programas de vivienda, recreación, subsidios, educación y bienestar familiar. No se puede afirmar que todas las cajas vayan a quebrar, pero sí que tendrán menos recursos para cumplir parte de su función social. ¿También debemos aplaudir cuando se debilitan los mecanismos que ayudan a los trabajadores?
La discusión se vuelve todavía más interesante cuando se mira el conjunto, una familia puede enfrentar mayores costos en alimentos, salud y conectividad, cambios en sus beneficios tributarios y una eventual reducción de los servicios financiados por las cajas. No todos los efectos recaen sobre los mismos hogares ni ocurren al mismo tiempo, pero la acumulación importa. La economía doméstica no funciona por capítulos separados, todo sale del mismo bolsillo.
La clase media es precisamente la que suele quedar en esa incómoda mitad de la estadística, demasiado solvente para recibir muchos subsidios y demasiado vulnerable para absorber cualquier nuevo costo sin alterar sus condiciones de vida.
Es la familia que paga arriendo o hipoteca, colegio, transporte, mercado, salud y servicios; la que trabaja para progresar y termina haciendo cuentas para no retroceder. No vive de subsidios, pero tampoco tiene un patrimonio que le permita mirar los aumentos de precios desde una terraza.
Por supuesto, Colombia necesita responsabilidad fiscal. El proyecto plantea que buena parte del ajuste provendría de recortes y medidas de eficiencia del gasto, no exclusivamente de nuevos impuestos. Esa es una discusión legítima, pero la responsabilidad fiscal no puede convertirse en una expresión elegante para trasladar costos sin explicar su distribución.
Si se reducen impuestos empresariales mientras se amplían determinadas cargas sobre personas naturales y consumidores, hay que explicar por qué ese reparto sería conveniente y quién asume sus consecuencias.
Aplauda, hermano, aplauda. ¿Por qué tan serio? Sonría, sonría. Llegó la Patria Milagro. Si le suben el mercado, le encarecen la medicina, le cobran más por conectarse y le reducen los recursos de los programas que utiliza, no pierda el entusiasmo. Y si después de pagar todo eso no le alcanza para comer, tranquilo, a lo único que parece que no le pusieron IVA fue a comer mierda. Esa sí sería una contribución en especie al rescate económico.
El problema de la propuesta no es que pretenda ajustar las finanzas públicas, es que todavía tiene que demostrar que sabe distinguir entre ordenar la economía y apretar a quienes viven de su trabajo. Porque una cosa es pedir sacrificios y otra muy distinta es diseñar un modelo en el que la clase media termine pagando por casi todos los lados.
