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La Procuraduría General de la Nación anunció la medida este lunes 19 de mayo.
La Procuraduría General de la Nación anunció este lunes 19 de mayo, la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos de Juan Pablo Ramírez Álvarez, exsecretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín y figura clave durante la administración del exalcalde Daniel Quintero.
Cabe resaltar que la sanción disciplinaria se deriva de un proceso en el que se acusa a Ramírez de haber utilizado su cargo, entre 2021 y 2022, para presionar a funcionarios subalternos con el fin de obtener apoyo para una causa política.
Procuraduría inhabilita por más de una década a Ramírez
El primer cargo formulado incurrir en la falta disciplinaria gravísima contemplada en el numeral 40 del artículo 48 del CDU, vigente en el numeral dos del artículo 60 del CGD por utilizar el empleo para presionar subalternos a respaldar una causa política título de dolo en consecuencia imponer la sanción de destitución e inhabilidad por el término de 14 años, de conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas», se lee en el informe.
Asimismo, en el documento también se habla de la participación en los delitos a los exsubsecretarios de Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín Correa (2021-2022), y de Gestión de Bienes de la alcaldía, Fredy Alfonso Agudelo Bolívar (2021).
Para estas dos personas en mención la entidad también tomo la medida de destitución e inhabilidad por 12 años.
Para ambos se lee: » (…) Al encontrarse probado el único cargo formulado a incurrir en la falta disciplinaria gravísima contemplada en el numeral 60 del artículo 48 del CDU vigente en el numeral nueve del artículo 55 del CGD por ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista a la otorgante. En consecuencia, imponer la sanción de destitución e inhabilidad por el término de 12 años de conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas».
El caso se remonta a una reunión celebrada el 8 de agosto de 2021, en la que, según las investigaciones, los asistentes habrían sido instados a realizar aportes económicos que oscilaban entre los 300 mil pesos y un millón de pesos.
El dinero solicitado, según la Procuraduría, sería destinado a pagar una membresía para ingresar a la corporación ‘El futuro se parece a nosotros’, una organización vinculada a iniciativas políticas regionales.
