Contraloría concluye que no hubo detrimento en CAI construidos cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona

gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona
Contraloría concluye que no hubo detrimento en CAI construidos cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona
Las investigaciones eran por la construcción de dos CAI, durante su periodo como alcalde de Rionegro.

 

La Contraloría General de la República decidió archivar dos procesos de responsabilidad fiscal que se adelantaban contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona. Los procesos eran por la construcción de dos Comandos de Atención Inmediata (CAI) en Rionegro, obras ejecutadas durante su periodo como alcalde del municipio entre 2016 y 2019.

La decisión fue adoptada por la Dirección de Investigaciones 4 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal. La conclusión es que no se configuró ningún daño patrimonial al Estado en los proyectos. Uno, ubicado en el sector de Cuatro Esquinas, y el otro, en San Antonio de Pereira.

Las investigaciones se originaron por un presunto detrimento fiscal cercano a los $ 1.270 millones, bajo el argumento de que las infraestructuras no estarían cumpliendo la función de seguridad para la cual fueron contratadas.

Sin embargo, nuevas pruebas documentales y visitas técnicas permitieron establecer que ambas edificaciones fueron construidas conforme a los diseños aprobados y se encuentran actualmente en operación.

En el caso del CAI Cuatro Esquinas, donde el supuesto daño superaba los $ 433 millones, la inspección técnica determinó que la infraestructura cumple con los parámetros arquitectónicos y funcionales definidos en los planos. Además que cuenta con las áreas necesarias para el desarrollo de la labor policial.

El ente de control verificó que el inmueble está en funcionamiento y presta el servicio para el que fue diseñado.

Una conclusión similar se alcanzó frente al CAI San Antonio de Pereira, obra investigada por un presunto detrimento superior a los $ 836 millones.

Allí, la Contraloría corroboró la entrega formal del bien mediante contrato de comodato y constató que la Policía Nacional ocupa actualmente el inmueble en condiciones adecuadas. El informe técnico señala que los sistemas hidrosanitarios, eléctricos y de telemática se encuentran operativos.

En ambos expedientes, el organismo de control aplicó el principio según el cual la responsabilidad fiscal solo procede cuando existe un daño cierto, especial y cuantificable.

Al no evidenciarse ese perjuicio, la Contraloría ordenó el archivo de los procesos y la desvinculación de las aseguradoras vinculadas a las investigaciones.

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