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POR: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
Desde el gobierno, los movimientos políticos que lo apoyan y que se encuentran en campaña buscando continuar en el poder, siguen sonando las voces que reclaman una convocatoria a una Asamblea Constituyente, que les abra el espacio a las llamadas reformas sociales progresistas, que, según ellos, no han podido implementar en estos cuatro años gobernando, aduciendo un “bloqueo institucional”.
Ese bloqueo según los amigos del gobierno, lo concretan en hechos como los siguientes: se observa que a estas alturas donde agoniza el periodo presidencial, la Corte Constitucional no decide todavía sobre la reforma pensional; el Congreso no aprobó la ley de financiamiento, no obstante haber aprobado un presupuesto deficitario. La Corte Constitucional suspendió la emergencia económica decretada a final del año 2025; el Consejo de Estado suspendió el decreto del salario mínimo. Y la Corte Suprema de Justicia vincula a exministros por los escándalos de UNGRD, a pesar de que el mismo Presidente de la República, proclama su inocencia.
Por supuesto, que las reales razones de que no hayan avanzado las referidas reformas sociales obedecen a malas gestiones del ejecutivo; la coalición de gobierno con el Congreso se pulverizó, el escandalo de UNGRD constituye un verdadero desastre democrático, pues se pasó de la mermelada con puestos y contratos a una corrupción rampante. La emergencia económica se frustró por que no se presentaron hechos sobrevinientes que justificaran la excepción constitucional y el decreto del salario mínimo no se atuvo a los criterios que señala la ley 278, sino al “salario vital”, un concepto extralegal, derivado de una recomendación de la OIT, al cual se esperaba llegar como meta, de acuerdo con el crecimiento económico y no de un solo tajo. Además, a la Corte Suprema le corresponde juzgar a los ministros acusados de corrupción.
En síntesis, la culpa no es de la Constitución, no existe el llamado “bloqueo institucional”. Simplemente, actúan en Colombia los pesos y contrapesos que supone una democracia. En un país presidencialista como lo es Colombia, donde el Presidente de la República por Constitución tiene unos poderes bastante exorbitantes, gracias a las Cortes, cuando ese poder exagerado se “sale de madre”, cuando se abusa de él, vienen los contrapesos a actuar y a someterlo a la Constitución y a la ley, eso es lo que llamamos nuestro “Estado de Derecho”.
Lo que está pasando en Colombia es que están actuando los contrapesos del poder y no deja de ser una estrategia política, el llamarlo “bloqueo institucional”, para justificar una constituyente, que para ello no se necesita. Por supuesto, que se precisan muchas reformas a la Constitución, siempre hay ajustes que hacer; pero de allí a justificarlos por un “bloqueo” es por lo menos una exageración argumentativa, que lo que en realidad busca, es motivo de actividad política.
Para citar a una constituyente se requiere según la Constitución, entre otros requisitos, una ley del Congreso. A los mejor lo que se está buscando, es prescindir de ese mecanismo, para acudir a un “momento constituyente”, por fuera de la constitución nacional.
