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El profesor de Derecho Internacional Juan Carlos Portilla ya solicitó medidas cautelares contra el Estado colombiano.
Una nueva polémica electoral sacude el país, luego de que el gobierno del presidente Gustavo Petro fuera señalado por el presunto uso de medios públicos para favorecer al Pacto Histórico durante la reciente campaña presidencial.
La denuncia la presentó el profesor de Derecho Internacional Juan Carlos Portilla, quien solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptar medidas cautelares contra el Estado colombiano, advirtiendo que la situación podría poner en riesgo la equidad electoral y la democracia.
Portilla sostiene que la concentración de la agenda informativa en actividades del presidente y su partido genera un desequilibrio informativo, afectando los derechos políticos de los candidatos de oposición y partidos que no son afines al Gobierno, y vulnerando el derecho de los ciudadanos a recibir información plural.
Alertan uso de medios públicos para hacer campaña presidencial
El académico fundamenta su denuncia en el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que reveló que radio y televisión estatales habrían priorizado la cobertura del presidente Petro y del Pacto Histórico, dejando en un segundo plano a los partidos opositores.
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- La democracia está en juego y no se puede permitir que los medios públicos se utilicen como propaganda política para influenciar la voluntad del elector, que tiene que ser libre y espontánea. Los partidos políticos deben tener los mismos privilegios que el partido de gobierno del Pacto Histórico.
En su solicitud, radicada ante la CIDH el pasado jueves, Portilla exige acciones urgentes, incluyendo la suspensión inmediata de toda programación estatal con contenido partidista, advirtiendo que no hacerlo podría causar daños irreparables al debate democrático y a la formación de la voluntad popular en medio del proceso electoral.
Organismos de control ya están verificando la denuncia por uso de medios para política
Mientras tanto, en Colombia, la polémica ya llamó la atención de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación inició una actuación preventiva para verificar si se respetaron los principios de pluralismo informativo, equilibrio y transparencia en los medios públicos durante la campaña.
La investigación está a cargo de la Tercera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, y buscará determinar si hubo un uso partidista de los recursos y medios estatales, una acción que, de confirmarse, pondría al gobierno colombiano en un serio aprieto legal y político.
