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La suspensión se aplicará en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá y Rionegro.
La Fiscalía General de la Nación suspendió temporalmente órdenes de captura contra 23 cabecillas de las estructuras criminales de alto impacto en Medellín y el Valle de Aburrá, en el marco de la política de Paz Total.
La medida, avalada por el Gobierno Nacional, tendrá una vigencia inicial de seis meses y podrá ser prorrogada según los avances de las negociaciones.
La decisión se fundamenta en la solicitud elevada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, que destacó los logros del Espacio de Conversación Sociojurídica instalado en la cárcel de Itagüí desde 2023.
Entre los resultados señalados figuran la reducción histórica de homicidios en Medellín durante 2024 y 2025, la eliminación de “fronteras invisibles” en barrios, la disminución de la deserción escolar y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en torno a la paz urbana.
Alcance territorial y compromisos
La resolución establece que los beneficiarios deberán suscribir un acta de compromiso que incluye la prohibición expresa de portar armas o usar prendas militares, así como la obligación de no cometer nuevos delitos durante la vigencia de la suspensión.
En caso de flagrancia en conductas como secuestro, extorsión o violaciones graves a los derechos humanos, la medida no tendrá efecto.
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¿Cuáles son los 23 cabecillas a los que se les suspendió las órdenes de captura?
La resolución de la Fiscalía menciona a 23 personas que serán beneficiarias de la suspensión temporal de órdenes de captura, entre ellos los voceros principales y suplentes de la Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá.
¿En qué lugares se aplicará esta suspensión?
Según la resolución de la Fiscalía, la suspensión se aplicará en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá y Rionegro, además de Bogotá cuando sea necesario para las gestiones propias del proceso.
La decisión, tal y como lo explica la Fiscalía, busca garantizar la movilidad de los voceros para avanzar en la desarticulación de las estructuras criminales y su tránsito hacia el Estado de derecho.
