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Marcelo Montoya Acevedo
En Puerto Nare hoy se cumplió audiencia pública del Consejo Nacional Electoral, para conocer las motivaciones que parte de la comunidad tiene para revocar el mandato del alcalde, Juan Carlos Acevedo Álzate, elegido popularmente en las elecciones de 2023, por el partido Liberal.
El comité de revocatoria, informó que inició dicho proceso, porque aseguran que el mandatario de los nareños que sacó 3.703 votos, no ha cumplido con el Programa de Gobierno que inscribió en la Registraduría de Puerto Nare para presentarse como candidato.
Que su ausencia en el territorio no es sinónimo de estar en la Gobernación de Antioquia o en los ministerios en Bogotá, buscando recursos, radicando proyectos o algo similar, pues aunque él lo evidencia en fotos que aparecen en las redes sociales, los proyectos y ejecuciones no se ven en el territorio. Por el contrario se notan las fallas en diferentes sectores. Además, la comunidad argumenta que muchas decisiones del orden administrativo en temas de contratación de personal, las toma su esposa, la gestora social.
La piscina por ejemplo no pudo ser habilitada para la anterior edición de los juegos departamentales, zona Nordeste y Magdalena Medio y las competencias de natación, debieron ser trasladadas al municipio de Puerto Boyacá, Boyacá.
El Centro de Bienestar del Adulto en la cabecera urbana, que fue iniciado en la anterior administración, sigue sin ejecución y ya se encuentra prácticamente en abandono.
En el informe de la Contraloría General de Antioquia del año 2024, se evidencia gestión deficiente del Plan de Acción, cumplimiento crítico del Plan de Desarrollo, inconsistencias presupuestales graves, indicadores mal definidos o duplicados, gasto sin programación física, baja ejecución en sectores clave y diferencias entre lo reportado y lo ejecutado.
Las cuentas por cobrar en el año 2023, sumaban trece mil ochocientos siete millones $13.807.575.371 y, para el año 2024, esta cifra aumentó considerablemente pasando a dieciséis mil setecientos sesenta y uno $ 16.761.094.717, sin que se ejerciera por parte de la administración ningún elemento de eficacia o eficiencia para realizar los respectivos cobros coactivos o la utilización de herramientas jurídicas de recuperación de ingresos.
De acuerdo al informe presentado y anexado, se tiene que el municipio de Puerto Nare, en el año 2023 venía con una deuda por demandas judiciales en la suma de ocho mil cuatro millones de pesos $ 8.804.093.355, y para el año 2024, se tiene la misma deuda, sin que se haya realizado formulas de conciliación, lo cual, va en detrimento patrimonial e incrementa los intereses de la misma, con el paso del tiempo, sin que se justifique algún elemento de eficacia o eficiencia.
Según, ingresos del año 2023 se tiene la cifra de cincuenta y tres mil seiscientos setenta y dos millones $ 53.672.459.735 y para el año 2024 la cifra bajo a cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y ocho millones $ 48.950.707.848, con una variación negativa de $ 4.721.751.887, puesto que no hubo proyectos o convenios interadministrativos, al igual que, no hubo la viabilidad de ingresos sin la debida eficacia o eficiencia a nivel Departamental o Nacional.
Estos son algunos de los factores por los cuales gran parte de la comunidad busca que se avance en el proyecto de revocatoria. Sin contar además, que la entrega en contrato de operación por 15 años de la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Nare, EPPN, a una empresa creada el 1 de julio en Rionegro, Antioquia y sin socialización del mismo, fue tomado por la comunidad como un engaño y una burla.
Pues la empresa AQS Servicios Públicos SAS, que gano la licitación que para muchos fue amañada y solo entregará el 10% del recaudo anual de la empresa que oscila en 1.500 millones de pesos y que entre otras gabelas que tiene AQS, es la de invertir sus propios recursos en mantenimiento y obras, pues esto le compete a las EPPN. Por otro lado, AQS se encargará de recuperar la cartera vencida y se quedará con el 40% de la misma.
El malestar de la comunidad también se basa en que la Junta que es integrada por 8 personas, solo tuvo el consentimiento de 4 de ellos, que son el Alcalde Juan Carlos Acevedo Álzate, como presidente, Cristian Alvanés Yarce, como gerente encargado, Yamid Nuñez como secretario de Gobierno y Esteban Aragón como secretario de Hacienda.
Además, el enojo de la comunidad que no se ha detenido en el propósito del plantón como protesta pacífica, también se siente por el engaño y la burla, de ser citados a una supuesta socialización en la cabecera municipal y en el corregimiento de La Sierra a la que no asistió el alcalde, se encontraron fue con el anuncio de que dicha empresa que muchos llaman de papel, administraría la empresa del pueblo.
La empresa que hoy opera los servicios de EPPN, AQS Servicios Públicos, presuntamente tiene relacionamiento con algunos funcionarios actuales que hacen parte de la Junta.
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