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En el mismo proceso que involucra a Alexandra Agudelo Ruiz están vinculados Lina María Gil, exdirectora técnica de Buen Comienzo, y el contratista Henry Paulison Gómez.
Sigue avanzando uno de los primeros procesos judiciales abiertos en contra de exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero por presunta corrupción, en este caso, en el programa para la atención de la primera infancia, Buen Comienzo.
Un juez de conocimiento de la capital antioqueña avaló la acusación por parte de la Fiscalía contra la exsecretaria de Educación del Distrito, Alexandra Agudelo Ruiz, quien está siendo procesada por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros, peculado por apropiación en la modalidad de tentativa e interés indebido en la celebración de contratos.
Tras la diligencia, ahora la exfuncionaria se prepara para ir a juicio oral junto a Lina María Gil, exdirectora técnica del programa y Henry Paulison Gómez, representante legal de la Corporación Colombia Avanza, contratista que se habría favorecido con la irregularidades.
Luego de las audiencias preliminares al juicio, que fueron establecidas para el 13 y 28 de mayo de 2026, la nueva etapa iniciará el 9 de junio y dada la complejidad del caso se extenderá durante varias fechas en los siguientes meses hasta noviembre.
Dentro del proceso judicial, la Fiscalía ha entregado pruebas frente a posibles irregularidades en la suscripción de un contrato entre las parte por 20.000 millones de pesos en los que Colombia Avanza no tendría la experiencia o capacidades necesarias para asumir la ejecución por esos montos y se identificaron posibles sobrecostos en ítems del suministro de paquetes alimentarios, otros bienes o servicios con un detrimento patrimonial que asciende a los 1.4000 millones de pesos.
De igual manera, habrían contratado más personas de las que realmente se necesitaban para el cumplimiento del contrato, así como se desembolsaron recursos públicos por servicios que presuntamente no se prestaron.
Por el mismo caso, la Procuraduría, en fallo de segunda instancia en junio de este año, confirmó la sanción de destitución e inhabilidad de ocho años contra Agudelo, ya que indicó que el proceso de selección del contratista debió estar precedido de una convocatoria pública en lugar de la modalidad directa.
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