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La inclusión de Verónica Alcocer en la lista Clinton podría acarrear bloqueos financieros y efectos diplomáticos para Colombia.
La inclusión de la primera dama Verónica Alcocer, junto con el presidente Gustavo Petro y su hijo Nicolás Petro, en la Lista Clinton ha generado preocupación en distintos sectores políticos y jurídicos del país. Expertos advierten que, de confirmarse esta medida, podría tener implicaciones económicas y diplomáticas de gran alcance, especialmente para la esposa del mandatario colombiano.
El abogado Camilo Rojas le explicó a Semana que la lista Clinton, creada por el Departamento del Tesoro de EE. UU., tiene como propósito principal bloquear los activos y restringir las operaciones financieras de personas o entidades sospechosas de tener vínculos con actividades ilícitas. En ese sentido, la primera dama podría enfrentar un bloqueo inmediato de sus cuentas bancarias y de sus tarjetas de crédito internacionales.
“Los efectos para la señora Alcocer se verán reflejados en su vida económica: sus compras, transacciones y movimientos financieros internacionales podrían quedar completamente congelados. Este es un bloqueo financiero absoluto”, señaló Rojas.
Aunque la medida no implica necesariamente una restricción de movilidad o prohibición de ingreso a otros países, sí limita de manera severa la posibilidad de realizar operaciones económicas fuera de Colombia.
De acuerdo con el abogado, la lista Clinton busca afectar directamente el flujo de recursos de quienes son investigados por presuntos vínculos con lavado de activos, narcotráfico o financiamiento del terrorismo. “El objetivo es congelar los activos y frenar cualquier actividad financiera sospechosa mientras se determina la responsabilidad o inocencia de los involucrados”, agregó.
¿Cómo salir de la Lista Clinton?
El proceso para salir de esta lista, según lo que le dijo Rojas a Semana, es largo y complejo. “Quienes son incluidos deben solicitar formalmente su exclusión y demostrar que no existen vínculos ilícitos o que estos ya cesaron. Es un trámite probatorio y jurídico que puede extenderse hasta por ocho años”, precisó el experto.
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