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POR: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
Otro escándalo del Gobierno Petro estalló en la presente semana. Esta vez se involucra a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que reemplazó al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), pero que al parecer heredó sus mismas mañas, arbitrariedades y torpezas e incurre en similares e irregulares comportamientos que provocaron su extinción.
Se supone que su función, según el decreto de su creación, es la de realizar actividades de inteligencia estratégica y contrainteligencia para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos y de las personas residentes en Colombia; prevenir y contrarrestar amenazas internas y externas contra la vigencia del régimen democrático, el orden y constitucional y legal; la seguridad y la defensa nacional.
Sin embargo, según un informe de empalme de 26 páginas, divulgado por un importante medio de comunicación, estos propósitos establecidos en su acto creativo fueron completamente desviados y lo que sucedió con este organismo en el pasado gobierno, configura un rosario de irregularidades.
Ello era completamente previsible, pues resulta que, para regentar dicho organismo, el Presidente Petro no encontró a alguien distinto que a sus compañeros del extinto M-19; es decir, puso a “los ratones a cuidar el queso”.
La primera irregularidad tiene que ver con espionaje político; se advierte sobre un supuesto plan para instalar micrófonos y dispositivos GPS en los vehículos asignados a los esquemas de seguridad de algunos expresidentes y exvicepresidentes y lideres políticos; incluyendo simulaciones de amenazas para tener pretexto para poder revisar los vehículos y colocar los dispositivos.
Para el efecto, fue necesario un cambio de funciones en decreto creativo; para poder asumir la revisión de vehículos que correspondía a la Unidad Nacional de Protección.
También se informa sobre contrataciones irregulares y despilfarro en equipos, como la compra de un helicóptero no tripulado por $9.000 millones, que habría presentado fallas técnicas y sufrido un siniestro en marzo de 2026, y la adquisición de sistemas de drones por $8.340 millones.
Los reportes se refieren además, a posibles sedes clandestinas, como el uso de un apartamento fachada en Bogotá para operaciones encubiertas, asimismo de una casa de inteligencia ubicada cerca de la embajada de Estados Unidos que fue desmantelada tras las elecciones.
Los informes advierten que su Director Oyola presuntamente lideraba una red de hackers y activistas digitales con el objetivo de vulnerar los sistemas de la Registraduría Nacional. El presunto objetivo era precisamente alterar los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026.
Y allí no terminan las denuncias. Se desvió la función de la entidad, para convertirla en una especie de “gestapo”, con propósitos de espionaje político y electoral. Jugando al espionaje, con los recursos del tesoro público, patrimonio de los colombianos; ¡no faltaba más!. A ningún funcionario público, incluyendo al mismo Presidente, le está permitido interceptar las comunicaciones de los
ciudadanos, o “chuzarlos” y si lo hacen, incurren en clarísimas conductas punibles.
