¿SUBVERSIÓN INSTITUCIONAL?

Arrubla Arrubla
Por lo que ha venido pasando en Colombia, pareciera conveniente que el Sr. Presidente de la República recordase algunas cosas; la primera que ya no está subvertido contra el orden constitucional y legal de este país, eso es cosa de su pasado; fue reincorporado, anmistiado y colmado al ser elegido Presidente de los colombianos.

Así las cosas es el Jefe de Estado y como tal, le corresponde procurar que todas las instituciones del estado funcionen, incluida por supuesto, la rama jurisdiccional del poder público; además debe garantizar su funcionamiento y su independencia como en todas las democracias.

Por tanto, del hecho de que la justicia investigue hechos que comprometen funcionarios de su gobierno o miembros de su familia, no puede indilgarsele pretensiones golpistas como se ha venido diciendo y además, vendiendo esa idea equivocada en los organismos multilaterales del sistema interamericano.

Es normal que se investiguen las cuentas de las campañas presidenciales, incluyendo la del ganador, máxime cuando su propio hijo, embajadores afectos, federaciones de educadores y aportantes de dudosa reputación, han mencionado esos aportes, al parecer irregulares. También es lógico que se investiguen a los gerentes y administradores que estaban a cargo de esas campañas y que al parecer, violaron los topes y dieron informaciones incorrectas a las autoridades electorales, asi se encuentren ahora en importantes
cargos nacionales.
También es normal y plausible que se investiguen funcionarios que pueden estar incursos en celebración indebida de contratos, como pareciera sucedió con la licitación de pasaportes o a funcionarias de la Presidencia que, al parecer, utilizaron su poder y los recursos del Estado para constreñir a una humilde niñera acusada de la desaparición de un dinero ”non santo.”

Lo normal es que este tipo de hechos se investiguen; si no hay responsabilidad, los funcionarios serán absueltos, y si la hay, deberán responder por los hechos delictivos y disciplinarios.

Derivar de las actuaciones judiciales obligadas un intento de golpe de estado, por estar involucrada la familia presidencial o sus altos funcionarios, no deja de ser una distorsión democrática. El Presidente, como jefe de estado, es el primer llamado a garantizar que esas investigaciones puedan realizarse.

POR: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR

www.noticiasampm.com

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