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La directora de la entidad le contestó al director de la Ungrd, quien dijo que ahora sí los recursos se asignarán a municipios que tienen “verdaderas emergencias”.
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Tras las declaraciones del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, que presentó como un logro la “recuperación” de $332.000 millones que la cuestionada administración de Olmedo López les había girado a Corantioquia, Corourabá y el municipio de Girón (Santander), la primera de estas entidades salió al paso para defender la legalidad en el trámite de estas asignaciones.
“La revocatoria de los actos administrativos fue posible luego de que la dirección, en cabeza de Carlos Carrillo, detectara que las solicitudes de recursos por parte de las corporaciones y el municipio no tenían el respaldo técnico suficiente y los montos asignados eran desproporcionados”, dijo el director de la Ungrd en un comunicado emitido este martes.
Y añadió que “esa plata se salvó por el cambio de dirección en la entidad, los recursos nunca salieron, pero estaban amarrados, por lo que, durante semanas, nuestro equipo directivo adelantó una rigurosa gestión e intensas negociaciones para lograr que las corporaciones y el municipio renuncien voluntariamente a los recursos asignados por Olmedo López”, con lo cual ese dinero podrá “destinarse de manera equitativa a los municipios que tienen verdaderas emergencias y urgen el apoyo de la Unidad”, según Carrillo.
Durante varias semanas y en medio del escándalo de presunta corrupción en la Ungrd con el presunto pago de cuantiosas cifras de sus fondos a cambio de apoyos a las iniciativas legislativas del Gobierno, también han salido a la luz pública informaciones acerca de que las partidas de la Ungrd habían sido asignadas gracias a los vínculos de las cabezas de las dos corporaciones y de la administración de Girón con Julián Bedoya y Carlos Andrés Trujillo, quienes son caciques políticos -liberal y conservador, respectivamente- y aliados de la administración de Gustavo Petro.
Ante todo esto, Liliana Taborda, la directora de Corantioquia, entidad que iba a ser destinataria de 97.000 millones del total de los recursos antes mencionados, argumentó que la entidad a su cargo y los 80 municipios bajo su jurisdicción sí requieren de los recursos y ello fue sustentado en su momento bajo criterios técnicos, no políticos.“Muestra de ello es el completo inventario realizado en las territoriales Citará, Aburrá Norte, Aburrá Sur, Cartama, Panzenú, Hevéxicos, Tahamíes y Zenufaná, en donde se determinaron las zonas donde se priorizarían las acciones, de acuerdo con el nivel de riesgo identificado, así como las necesidades de acciones para la adaptación, mitigación y corrección de los efectos del cambio climático, la atención de puntos críticos, la recuperación de obras y pasos de fauna en la infraestructura presente en el territorio, además de la ejecución de las labores asociadas a la gestión del riesgo para el abastecimiento de agua en poblaciones ubicadas en zonas con condición de vulnerabilidad”, dijo Taborda en el texto.
Además, apuntó que fue con base en esa argumentación y el cumplimiento de todos los trámites respectivos que la Ungrd expidió el acto administrativo 185 de 2024 que ordenó las transferencias, aunque después, a la llegada de una nueva administración -la de Carrillo- se estableció que habrían ocurrido fallas en el procedimiento por parte de funcionarios de la Unidad.
“Antioquia es un departamento con nivel de riesgo alto y los recursos de esta CAR -Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia- son limitados para atender las necesidades del territorio. De hecho, hasta la fecha, Corantioquia ha tenido que sortear la gestión de las emergencias generadas en municipios como Montebello, Santa Bárbara, Caldas, Briceño, Betulia, Yarumal, Angostura y otros, como consecuencia de la temporada de lluvias, y deberá afrontar los retos que se presenten con la llegada del fenómeno de La Niña en los próximos meses. Debido a lo anterior, resulta lamentable que ya no se pueda contar con un recurso que se gestionó con todo el sustento técnico y el debido proceso establecido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres– UNGRD”, añadió.
Cortesía El Colombiano
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