
El caso de Walter, un motociclista arrollado por una camioneta, expone el «segundo calvario» que viven las víctimas y por qué la asesoría legal en la escena se vuelve crucial.
Walter*, un empleado de la fuerza pública, se movilizaba en su motocicleta por una glorieta de Medellín cuando fue arrollado por una ´camioneta de alta gama. Tras la compleja recuperación de sus lesiones, inició el proceso de reclamación. La oferta inicial de la aseguradora fue inferior a 200 millones de pesos.
Este es un escenario que se repite a diario en Colombia, un país que promedia más de 6.000 muertes anuales por siniestros de tránsito, afectando desproporcionadamente a motociclistas, peatones y ciclistas.
El caso de Walter, quien tras una larga batalla legal logró una indemnización final de 700 millones de pesos el año pasado, expone un problema que miles de víctimas enfrentan en silencio: el «segundo accidente».
Andrés Aristizábal Alzate, Director del Bufete de abogados Aristizábal Abogados y especialista en Responsabilidad Civil, lo define así:
«El desconocimiento en la escena es el mejor aliado de las aseguradoras. En nuestros 15 años de experiencia, hemos recuperado más de 3.000 millones de pesos en indemnizaciones para víctimas, y le puedo asegurar que un alto porcentaje de ese dinero se habría perdido, no por falta de derecho, sino por errores probatorios en los primeros 30 minutos tras el siniestro».
El «minuto de oro» que define el caso
Aristizábal Alzate advierte que los errores en la documentación inicial del siniestro blindan a los responsables e impiden una reparación justa.
«En estado de shock, las víctimas o testigos omiten preservar pruebas esenciales», detalla el Director de Aristizábal Abogados. «Mueven los vehículos antes del croquis, no toman fotos detalladas de la posición final o fallan en registrar los datos de testigos clave. Esos primeros minutos definen el 90% del éxito de un caso».
Radiografía de una responsabilidad compartida
El impacto no es solo para el conductor. El especialista recalca que la responsabilidad es compartida y que las empresas de transporte tienen un rol crucial que a menudo se diluye en los procesos legales.
«Vemos una necesidad urgente de que las empresas implementen protocolos reales de gestión de riesgo vial. La formación obligatoria y el monitoreo de conductores no son una opción, son una obligación legal y social», afirma el abogado.
¿Qué hacer tras un siniestro? El protocolo de servicio
Ante la confusión que genera un siniestro, el experto reitera la importancia de un protocolo de acción claro, similar al periodismo de servicio que se activa en emergencias cívicas:
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Priorizar la atención médica: Asegurar la atención inmediata de los lesionados, pero solicitar que se documente todo procedimiento médico desde el ingreso a urgencias.
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No mover nada (si es posible): Preservar la «escena» hasta que las autoridades de tránsito realicen el croquis oficial y el registro fotográfico.
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Documentar obsesivamente: Usar el celular. Grabar videos, tomar fotos de los daños, de la posición de los vehículos, de la señalización vial (o falta de ella) y de las condiciones climáticas.
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Buscar asesoría legal inmediata: «Las víctimas deben buscar asesoría legal desde el primer momento, no semanas después. Un abogado especialista sabe qué pruebas preservar, cómo gestionar las reclamaciones administrativas iniciales y cuándo es pertinente iniciar una demanda judicial para garantizar que las aseguradoras y responsables cumplan».
Sobre el experto
Andrés Aristizábal Alzate es abogado egresado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en Responsabilidad Civil y del Estado de la misma institución.
Como Director del bufete Aristizábal Abogados, ha adelantado más de 100 procesos y trámites en reclamaciones y litigios. Si bien el bufete ofrece un acompañamiento legal integral en áreas clave como el Derecho Laboral y Seguridad Social, Derecho de Seguros y ProcesOS Civiles, la especialidad del director se centra en la Responsabilidad Civil, particularmente en la gestión de reclamaciones ante aseguradoras y demandas por siniestros viales.
* (Nombre cambiado para proteger la identidad de la víctima).









